La Fundación Ideas para la Paz (FIP) publicó un informe titulado “Un año de la nueva política de drogas del gobierno Petro. ¿En qué van los cambios?”, de la autora Ana María Rueda.
El documento analiza la implementación de la Política Nacional de Drogas 2023-2033 durante el primer año de gestión del presidente Gustavo Petro.
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El informe destaca avances y obstáculos en la ejecución de esta política, que busca superar enfoques tradicionales centrados en la erradicación de cultivos ilícitos y priorizar una visión más integral.
Avances en la implementación
El informe reconoce que, en el primero del Gobierno Petro, se han realizado esfuerzos para posicionar la nueva política de drogas en la agenda pública y se han establecido objetivos ambiciosos orientados a transformar la estrategia nacional en esta materia.
Sin embargo, la FIP señala que, aunque la política está bien estructurada, carece de una estrategia clara para alcanzar las metas propuestas.
Obstáculos identificados
La FIP identifica varios obstáculos que han dificultado la implementación efectiva de la política:
- Multiplicidad de anuncios sin planificación concreta: se han realizado numerosos anuncios que comprometen al gobierno, pero sin un proyecto planificado que permita su cumplimiento.
- Falta de liderazgo claro: la ausencia de una dirección definida ha limitado la articulación interagencial y ha dispersado las acciones.
- Capacidades institucionales insuficientes: no se han analizado ni potenciado las capacidades existentes para responder a los compromisos de la política o a las metas del gobierno.
- Incertidumbre presupuestal: no hay claridad sobre la disponibilidad de fuentes de financiamiento fijas año tras año.
- Rotación de personal: los cambios frecuentes de funcionarios en cargos directivos esenciales han afectado la continuidad de las acciones.
- Deterioro de la seguridad: el informe menciona que el deterioro de la seguridad en algunas regiones ha dificultado la implementación de la política.
Recomendaciones de la FIP
Para superar estos desafíos, la FIP propone:
- Definir metas claras y alcanzables: establecer objetivos específicos y medibles que orienten las acciones del gobierno.
- Fortalecer el liderazgo y la coordinación interagencial: designar responsables claros y promover la colaboración entre las distintas entidades involucradas.
- Asegurar recursos financieros sostenibles: garantizar fuentes de financiamiento estables que permitan la ejecución continua de la política.
- Capacitar al personal y reducir la rotación: invertir en la formación de los funcionarios y promover la estabilidad en los cargos clave.
- Abordar las condiciones de seguridad: implementar medidas que mejoren la seguridad en las regiones afectadas, facilitando así la ejecución de las acciones previstas.
Contexto y perspectivas
La Política Nacional de Drogas 2023-2033 busca cambiar el enfoque tradicional de la lucha contra las drogas en Colombia, pasando de una estrategia centrada en la erradicación forzada de cultivos ilícitos a una que prioriza el desarrollo territorial, la reducción de daños y la regulación de mercados. Este cambio de paradigma responde a la necesidad de abordar de manera más integral y efectiva los desafíos asociados al narcotráfico y sus impactos en la sociedad colombiana.
El informe de la FIP destaca la importancia de pasar del plano de las ideas y los anuncios al de la ejecución efectiva. Señala que, aunque la política presenta una visión y metas claras, es necesario desarrollar estrategias con planes de trabajo que respondan a los problemas identificados, con objetivos cuantificables que se revisen de manera periódica.
En conclusión, el primer año de implementación de la nueva política de drogas del gobierno Petro ha estado marcado por avances en la definición de objetivos y la inclusión del tema en la agenda pública. No obstante, persisten obstáculos significativos que requieren atención para lograr una ejecución efectiva y sostenible.
La FIP enfatiza la necesidad de una planificación estratégica, liderazgo claro, fortalecimiento institucional y aseguramiento de recursos para materializar los cambios propuestos y avanzar hacia una política de drogas más integral y efectiva en Colombia.
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