Cuando un matrimonio se disuelve en Colombia y surgen diferencias sobre cómo disponer de los bienes comunes, el sistema judicial ofrece el proceso divisorio como una alternativa para resolver disputas.
Este mecanismo busca garantizar una distribución equitativa de los bienes compartidos, especialmente en situaciones en las que una de las partes no está dispuesta a vender o negociar.
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A través de una publicación de Instagram, el abogado Jimmy Jiménez, especialista en Derecho de Familia y Vicepresidente de la Orden de la Abogacía Colombiana, fundador de la comunidad Educación Legal Abogados Colombia, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal (Icdp) y jefe jurídico de Integrity Legal, explicó los principales aspectos del proceso divisorio y sus implicaciones.
Según Jiménez, este procedimiento judicial es una opción legal para resolver conflictos entre copropietarios cuando no es posible llegar a acuerdos amistosos.
Qué es el proceso divisorio
El proceso divisorio se aplica cuando varias personas son copropietarias de un bien inmueble, como una casa, finca o negocio, y no logran consenso sobre qué hacer con el bien.
Según Jiménez, en caso de disolución de una sociedad conyugal, las partes se convierten en comuneros, es decir, copropietarios con porcentajes determinados, por lo que si no es posible llegar a un acuerdo mediante negociación, se debe acudir a un juez civil para solicitar la división o venta del bien.
El objetivo del proceso divisorio es determinar si el inmueble puede dividirse físicamente o si debe ser vendido para repartir el producto de la venta entre los propietarios.
En la mayoría de los casos, especialmente cuando se trata de bienes como apartamentos o locales comerciales, la división física no es viable, por lo que se procede a la venta mediante subasta pública.
Procedimiento y requisitos legales
Para iniciar un proceso divisorio, se deben cumplir una serie de requisitos legales y procesales, entre ellos, presentar una demanda ante un juez civil, la cual debe incluir:
- La identificación completa de las partes involucradas (demandante y demandados).
- La ubicación y descripción del bien en cuestión.
- Documentación que acredite la propiedad, como escrituras públicas, certificados de tradición y libertad, o documentos equivalentes.
- Un avalúo pericial que determine el valor actual del inmueble y, en caso de división, una propuesta de cómo debería realizarse.
El proceso comienza con la admisión de la demanda por parte del juez, quien notificará a los demás copropietarios para que respondan en un plazo de diez días.
En esta etapa, los demandados pueden presentar objeciones, incluyendo desacuerdos sobre el valor del inmueble o las mejoras realizadas.
Decisión judicial: división o venta
Tras evaluar las pruebas presentadas, el juez emitirá una sentencia que puede incluir dos posibles soluciones:
- División del bien: si el inmueble puede ser dividido físicamente, el juez determinará cómo debe realizarse esta partición, tomando en cuenta los dictámenes periciales y las mejoras realizadas por cada copropietario.
- Venta del bien: si la división física no es factible, el juez ordenará la venta del inmueble mediante un proceso de remate. Los copropietarios podrán ofertar por las partes correspondientes de los demás, consignando el monto correspondiente en el juzgado.
En ambos casos, los gastos del proceso, como honorarios de abogados y costos de peritajes, deben ser asumidos por todos los copropietarios en proporción a sus participaciones; asimismo, los beneficios económicos que haya generado el bien, como arriendos o frutos, serán repartidos de forma equitativa.
Beneficios y desafíos del proceso divisorio
Aunque el proceso divisorio es una herramienta eficaz para resolver conflictos, Jiménez explicó que puede ser largo y costoso, por lo que recomendó a las partes intentar llegar a un acuerdo amistoso antes de acudir a la vía judicial, ya que esto permite evitar gastos adicionales y la pérdida de valor del inmueble durante el proceso.
El abogado también destacó la importancia de contar con asesoría legal especializada para garantizar que los derechos de los copropietarios sean protegidos y el proceso se lleve a cabo de manera eficiente.
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