Los excomandantes del extinto Bloque Noroccidental de las Farc, bajo el mando de Luis Carlos Úsuga, conocido como ‘Isaías Trujillo’, emitieron un comunicado público el martes 19 de noviembre de 2024, a través del cual reconocieron su responsabilidad por los secuestros perpetrados durante su actuar en las zonas de influencia de esta estructura armada.
Este reconocimiento se registró en el marco de su comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dentro del caso 01, que aborda la toma de rehenes y otras graves privaciones de libertad.
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En el comunicado, los excomandantes afirmaron su compromiso con las víctimas del conflicto y reiteraron su intención de continuar contribuyendo a la construcción de paz en Colombia. “Manifestamos que como parte del compromiso de continuar con la construcción de paz en el país, hemos decidido reconocer responsabilidad por las conductas que causaron daños a las víctimas directas e indirectas del conflicto armado”, señalaron, dejando claro que, con el paso del tiempo, han alcanzado una “plena claridad” sobre la gravedad de sus acciones, que consideran pudieron haberse evitado.
Los exguerrilleros afirmaron que, si bien el proceso de reincorporación ha sido un camino difícil, siguen firmes en su intención de contribuir a la construcción de una paz estable y duradera.
Denuncias sobre amenazas en el proceso de reincorporación
El comunicado también incluyó serias denuncias sobre las amenazas y la persecución que sufren los excombatientes como parte de su proceso de reincorporación. En este sentido, los excomandantes de las Farc revelaron que, a pesar de su compromiso con el proceso de paz y la reconciliación, continúan siendo objeto de estigmatización por parte de diversos sectores; situación que ha desencadenado una violencia sistemática contra quienes han decidido dejar las armas y comenzar una nueva vida. Según el comunicado, “desde diversas instancias continuamos siendo estigmatizados, situación que ha causado 438 asesinatos de personas en proceso de reincorporación”.
Los excombatientes, que firmaron el acuerdo de paz en 2016, denunciaron que varios de los comparecientes individualizados han sido víctimas de amenazas constantes, no solo por parte de actores armados ilegales, sino también de otros sectores fuera del marco de la legalidad. En este contexto, hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional y a la JEP para que se brinden las garantías de seguridad necesarias tanto para los excombatientes como para los líderes sociales y defensores de derechos humanos que, a su juicio, también están siendo perseguidos por su involucramiento en la construcción de paz.
Llamado a la JEP para avanzar en la justicia
Los excomandantes también hicieron un llamado a la JEP para que se resuelva con celeridad la situación jurídica de los excombatientes involucrados en las acciones de secuestro, las cuales incluyen los secuestros por financiamiento, canjes humanitarios y los realizados en el contexto de control territorial y social durante el conflicto armado. En este sentido, pidieron que se tomen en cuenta las observaciones y argumentos presentados por su equipo de defensa, con el fin de garantizar un proceso transparente y justo para todos los involucrados.
“Consideramos que es tiempo de resolverle la situación jurídica, sin demoras, a todos aquellos firmantes que siguiendo nuestras directrices, hicieron parte de la ejecución de los secuestros”, aseguraron, haciendo hincapié en la necesidad de que todos los excombatientes tengan claridad sobre su futuro legal para poder avanzar en su reincorporación.
Además, insistieron en que el compromiso con la paz no debe ser entendido solo como un proceso de cumplimiento de un marco jurídico transicional, sino como una promesa real hacia las víctimas del conflicto armado y hacia la construcción de una sociedad más justa. “Nuestra respuesta a los requerimientos del Sistema Integral seguirá siendo diligente, toda vez que el compromiso sellado en el Acuerdo de Paz no es solo con un marco jurídico transicional sino con todas las víctimas de la guerra y con la construcción de una paz estable, duradera y con justicia social”, concluyeron en su comunicado.
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