Siguen los ojos puestos sobre el Ministerio de Salud, después de que se conocieran posibles irregularidades en el manejo de los fondos para asegurar a los colombianos que, preliminarmente, dejaría un hueco financiero de más de dos billones de pesos.
Y es que durante el debate de control político al que fue citado el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo para responder por la crisis en la salud y el pago de la Unidad Por Captación, la senadora de la Comisión Séptima Norma Hurtado alertó sobre el posible desvío de los recursos de aseguramiento para “invertirlos” en mejoramiento de clínicas y hospitales.
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Sin embargo, en las últimas horas se conocieron documentos que confirmarían el movimiento irregular por parte de la cartera. Esta situación se agrava por la decisión del ministerio de redirigir recursos originalmente destinados al aseguramiento de salud hacia programas de inversión, lo que ha dejado un vacío financiero significativo.
El problema se originó cuando el Ministerio de Salud solicitó mover $2.5 billones de pesos de su presupuesto de aseguramiento para destinarlos a programas de desarrollo de la Ley 100 de 1993, como la renovación de hospitales y el desarrollo de programas de Equipos Básicos de Salud, según documentos publicados por El Tiempo.
Esta transferencia fue aprobada por el Ministerio de Hacienda mediante la Resolución 1217 de 2023, que permitió el traslado de $1 billón de pesos del rubro de aseguramiento a programas de desarrollo. Sin embargo, el movimiento fue condicionado y debía ser devuelto durante la vigencia 2024.
“La Adres informó, mediante comunicación 20242105136321 del 21 de agosto de 2024, que los recursos adicionales necesarios para el cierre del aseguramiento en salud del sistema para la vigencia 2024, ascienden a $2,84 billones de pesos, de acuerdo con el balance del presupuesto de ingresos y gastos de dicha entidad, así como, la apropiación vigente”, señala uno de los informes del viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, obtenido por el diario nacional.
La medida, sin embargo, fue inicialmente rechazada por el Ministerio de Hacienda. En septiembre de 2023, la entonces directora del Presupuesto Público Nacional, Claudia Numa, había señalado que no era jurídicamente viable utilizar los recursos en un objeto distinto al inicialmente programado. A pesar de esta negativa, los recursos fueron finalmente movilizados, lo que ha contribuido al déficit actual.
El déficit de $2.8 billones de pesos es solo parte del problema. Para el próximo año, el Ministerio de Salud estima que se necesitarán $10 billones de pesos adicionales para cubrir el aseguramiento en salud, lo que representa un déficit significativo en el Presupuesto General de la Nación. Este hueco financiero equivale a alrededor del 10% del gasto anual del sector, según reconoció el propio ministerio.
“Recursos por parte del Presupuesto General de la Nación para el rubro de funcionamiento, el cual incluye el aseguramiento en salud, cuyo resultado a la fecha es un déficit estimado de $10 billones; por lo cual, para garantizar que los recursos para el aseguramiento en salud en dicha vigencia sean suficientes se requiere una apropiación adicional por este monto”, señala el documento firmado por Luis Alberto Martínez.
La situación es crítica, ya que el déficit actual supera dos veces el presupuesto anual de la ciudad de Pereira, según reveló El Tiempo. Además, el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, confirmó que los recursos adicionales necesarios para el cierre del aseguramiento en salud ascienden a $2,84 billones de pesos, según el balance del presupuesto de ingresos y gastos de la entidad.
El Ministerio de Salud, que tiene la autonomía para mover recursos previa aprobación, aún no ha respondido a las consultas sobre el movimiento de los recursos y su posible devolución. Mientras tanto, el sector salud sigue enfrentando una crisis financiera que amenaza con empeorar si no se toman medidas para resolver el déficit presupuestario.
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