Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, fue absuelto este miércoles 13 de noviembre de 2024 de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, generados por la presunta participación y conformación del grupo paramilitar ‘los doce apóstoles’.
Para el juzgado, no se logró demostrar la teoría del caso presentada por el ente investigador frente a la presunta participación del ganadero en la conformación de este grupo armado ilegal.
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“De conforme con lo establecido en los artículos del Código de Procedimiento Penal, de la manera más respetuosa, procede esta Secretaría Judicial a notificarles el contenido de la sentencia proferida hoy, 13 de noviembre de 2024, a través de la cual, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, ABSOLVIÓ al ciudadano Santiago Uribe Vélez, de Salgar, Antioquia, quien estaba siendo investigado por su presunta participación en la comisión de las conductas punibles de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado”, se lee en la sentencia que absolvió a Santiago Uribe y revelada por W Radio.
Al respecto, el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X reaccionó a la decisión del Juez Primero Especializado de Antioquia, Jaime Herrera Niño. El jefe de Estado indicó lo siguiente: “La impunidad no nos lleva sino a más violencia”.
Reacciones en contra de la publicación de Gustavo Petro
La reciente publicación del presidente Gustavo Petro, en la que criticó la absolución de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, generó intensas reacciones en redes sociales, principalmente de figuras de la política nacional.
Petro expresó su descontento por la decisión judicial que exoneró a Santiago Uribe de los cargos relacionados con su presunta participación en grupos paramilitares. Esta declaración despertó una serie de respuestas de sectores políticos que cuestionaron su postura y recordaron episodios relacionados con la política de paz de su gobierno.
Cathy Juvinao, representante a la Cámara, respondió a Petro recordando la controvertida designación de Hernán Giraldo, exjefe paramilitar condenado por delitos sexuales, como “gestor de paz”.
En su comentario, Juvinao señaló que Petro había revictimizado a miles de mujeres al dar este nombramiento a un depredador sexual, mientras muchas víctimas siguen esperando una reparación adecuada. Su respuesta subraya las tensiones en torno a las decisiones del gobierno sobre los “gestores de paz”, figuras que reciben beneficios para promover la pacificación en zonas de conflicto.
Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal, reconocida por su postura crítica hacia el gobierno, también reaccionó con un mensaje polémico. Cabal cuestionó si Petro se refería a su propio pasado en el grupo guerrillero M-19 o a los procesos con excombatientes de las FARC, a quienes acusa de haber recibido impunidad.
La senadora sugirió que, bajo el enfoque de “paz total” promovido por Petro, antiguos miembros de grupos armados han regresado a actividades violentas, formando nuevos frentes y generando más conflicto.
La responsabilidad de ‘Los doce apóstoles” en 525 homicidios en el norte de Antioquia
Entre 1992 y 1996, el grupo paramilitar conocido como “Los doce apóstoles” fue responsable de 525 homicidios en varias localidades del norte de Antioquia, según el documento presentado en una audiencia de la JEP.
Este grupo, que operaba bajo la excusa de la lucha contrainsurgente y contra la delincuencia, tenía una estructura jerárquica que incluía a Santiago Uribe Vélez como comandante y a Gonzalo Palacios como coordinador de inteligencia. La información fue revelada en desarrollo de una investigación que busca esclarecer la participación de agentes de la Policía Nacional en estas actividades ilegales.
El documento, elaborado por el Grupo de Análisis e Investigación (Grai), detalla cómo los comandantes del Distrito de Policía No 7, Pedro Manuel Benavides Rivera y Juan Carlos Meneses Quintero, junto con otros oficiales, reclutaron personas para integrar el grupo paramilitar. Además, se menciona que en la Hacienda La Carolina, Santiago Uribe y el párroco Gonzalo Palacios planificaban las operaciones y seleccionaban los objetivos, según el informe.
La investigación también señalaba la complicidad de Jairo Rodríguez Venegas, que fue jefe de la subsijín de la Policía de Yarumal entre 1993 y 1994. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Rodríguez Venegas permitió que los integrantes del grupo utilizaran vehículos oficiales para sus actividades. Además, se investiga a José William Ospina Castro por el asesinato de Jorge Yuban Ceballos en 1994.
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