Como parte de las acciones desplegadas dentro del plan de campaña Ayacucho, el Ejército Nacional incautó diez fusiles que tenían como destino fortalecer el brazo armado de una de las subestructuras del Clan del Golfo: la Carlos Vásquez.
Este grupo tiene injerencia en los departamentos de Antioquia y Córdoba, según lo que informó el 8 de noviembre de 2024 el brigadier general Jorge Ricardo Hernández Vargas, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.
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Este resultado fue celebrado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que a través de su cuenta de X aseguró que la incautación del material de guerra se produjo en una vía del corregimiento de San Sebastián de Palmitas (Antioquia), en la vía que de Medellín conduce a la subregión del Urabá. Esta zona es dominada por el Clan del Golfo y es un corredor estratégico, entre el departamento y su vecino, Córdoba.
El general Hernández comentó que el decomiso de las armas de alto calibre se pudo efectuar gracias un “minucioso trabajo de seguimiento e investigación de inteligencia militar”. Con esta información en conocimiento de las autoridades, “por medio de tropas motorizadas estacionadas en el municipio de San Jerónimo, cerca del corregimiento de San Sebastián de Palmitas, detectaron movimientos sospechosos provenientes de un vehículo de alta gama”, agregó el oficial.
Al momento de revisar qué llevaba este, al acercarse al automotor para realizar una inspección, varias personas descendieron del vehículo y huyeron, abandonando varios bultos en el lugar.
Luego de revisar los bultos, “las tropas hallaron 4 fusiles R4 calibre 5.56, capaces de disparar en modo automático y semiautomático, con una cadencia de fuego de hasta 850 disparos por minuto y un alcance efectivo de aproximadamente 400 metros; 6 fusiles R1 calibre 7.62 mm, usados comúnmente en enfrentamientos urbanos por su maniobrabilidad, aumentando la capacidad de daño a las unidades militares”, explicó el general Hernández.
Sobre el por qué el Clan del Golfo tiene preferencias por esta clase de armamento, el oficial aclaró que “este calibre es ampliamente utilizado por organizaciones terroristas debido a su resistencia y disponibilidad en el mercado negro”.
El destino final que tenía los fusiles era para “ser entregados a alias Chiquito Malo, cabecilla principal del Clan del Golfo, y alias Richard, cabecilla de la Estructura Central Urabá, señalado como responsable de coordinar múltiples atentados y homicidios selectivos en la región”.
Esta subestructura es considerada como uno de los brazos delictivos más peligrosos del Ejército Gaitanista de Colombia, como también se reconoce esta organización armada ilegal.
Las autoridades confirmaron que el material armamentístico incautado quedó a disposición de la Policía Judicial para que adelante los procedimientos legales correspondientes.
Por último, el secretario de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín, Manuel Villa Mejía, destacó que con esta incautación se logra impactar al grupo armado, cuyo valor de los fusiles sería de más de 250 millones de pesos. A su vez, confirmó que el Clan del Golfo es reponsable de varios atentados en contra de la Fuerza Pública en el departamento y en otros puntos del país.
Gobernador de Antioquia se niega a hablar con grupos armados ilegales
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha reafirmado su postura de no participar en diálogos con grupos armados ilegales, rechazando una invitación del Gobierno nacional para un encuentro con el Clan del Golfo. La reunión organizada por la Consejería de Paz, buscaba establecer un espacio de conversación sociojurídico con esta estructura criminal.
El acto, que tuvo lugar el 6 de noviembre en la Universidad Industrial de Santander, en Barrancabermeja, también convocó a alcaldes de municipios afectados por las acciones del Clan del Golfo. Sin embargo, Rendón no asistió, manteniendo su firme posición de no negociar con grupos armados como el ELN o las disidencias de las Farc. En sus redes sociales, el gobernador explicó que no cree que la paz se logre dialogando con estas organizaciones.
El Gobierno nacional, en el marco de su política de paz total, había autorizado la instalación de este espacio de diálogo mediante la Resolución 257/2024. La invitación a Rendón y a otros líderes locales subrayaba la presencia del Clan del Golfo en sus jurisdicciones, buscando un acercamiento para abordar la situación de seguridad en la región.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno por incluir a las autoridades locales en estas conversaciones, la negativa de Rendón refleja una división en las estrategias para enfrentar la violencia y el crimen organizado en Colombia.
El gobernador ha sido consistente en su rechazo a cualquier forma de negociación con grupos armados, argumentando que esto no contribuirá a una paz duradera.
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