La reciente reelección de Astrid Salamanca Rahín como directora administrativa del Senado de Colombia, cargo que ocupa desde 2012, ha puesto en evidencia su capacidad para mantener un liderazgo sostenido en una posición clave y de alto perfil en el Congreso.
Con una votación contundente de 94 votos a favor y solo dos en contra, Salamanca se consolida en su séptimo periodo consecutivo hasta 2026, convirtiéndose en una de las figuras más longevas en la estructura administrativa del Senado.
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La clave de su continuidad parece estar en una combinación de experiencia, respaldo político y adaptabilidad en la administración pública.
Desde su llegada hace más de una década, Salamanca ha supervisado tareas fundamentales como la contratación de personal, la asignación de oficinas y la administración de contratos, y se ha ganado la confianza de varios presidentes del Senado, entre ellos, Roy Barreras, uno de sus principales aliados.
De hecho, el 23 de octubre se vio a Barreras en el Congreso, a pocos días de la elección de la dirección administrativa del Senado, y se le acusó de estar consiguiendo votos para Salamanca. Lo cual negó posteriormente alegando que estaba en la entidad por temas de la COP16.
Aunque su relación profesional ha generado controversias y cuestionamientos sobre posible favoritismo, Barreras ha negado públicamente cualquier intervención indebida en los procesos electorales de Salamanca.
De acuerdo con el medio Cambio, el partido Cambio Radical también ha jugado un papel relevante en su estabilidad laboral. Su apoyo continuo a Salamanca responde a acuerdos de gobernabilidad interna que favorecen la continuidad de los funcionarios de alto perfil dentro del Senado.
Este respaldo ha permitido que Salamanca enfrente y supere desafíos políticos y legales sin perder el apoyo de su partido ni de la mayoría de los senadores.
Salamanca se enfrenta ahora a la responsabilidad de gestionar el Senado en un periodo complejo, mientras el Congreso busca reemplazar al secretario general Gregorio Eljach, quien renunció para dirigir la Procuraduría.
Las investigaciones realizadas a Salamanca Rahín
La gestión de Salamanca no ha estado exenta de críticas. En 2017, la Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra Astrid Salamanca Rahín debido a presuntas irregularidades en la firma de 74 contratos de prestación de servicios.
La figura de Astrid Salamanca ha sido objeto de escrutinio por parte del medio Vorágine en el 2022 por su presunta conexión con un esquema de corrupción liderado por el senador Mario Castaño y su grupo, conocido como “Las Marionetas”.
Salamanca es acusada de haber facilitado la adjudicación y supervisión de contratos a personas cercanas a Castaño, quienes aparentemente no cumplieron con las labores asignadas, pero aun así recibieron pagos por sus contratos de prestación de servicios.
De acuerdo con el medio citado, uno de los casos más notorios es el de Juan Carlos Martínez Rodríguez, un odontólogo apodado “el hombre del maletín”. En 2021, Salamanca habría aprobado su contrato para brindar apoyo operativo en la División de Recursos Humanos en temas de salud pública, valorado en $15.000.000.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia descubrió que Martínez no cumplió con ninguna de las obligaciones del contrato y presentó informes falsificados para justificar los pagos.
Estos informes fueron firmados por Rubén Darío Iregui González, jefe de Talento Humano del Senado, y elaborados con la ayuda de Jorge Alberto Sabogal Tamayo, quien se encargaba de falsificar los reportes para asegurar que Martínez recibiera sus salarios sin haber realizado ningún trabajo.
Además, Salamanca también supuestamente aprobó la contratación de Daniela Ospina Loaiza, pareja de Castaño, quien recibió un contrato para realizar seguimiento a los funcionarios del Senado en el contexto de la pandemia, según Vorágine.
Este contrato, también valorado en $15.000.000 y con duración hasta el 31 de mayo de 2021, careció de cumplimiento real por parte de Ospina, lo que refuerza las acusaciones de corrupción en las que está implicada Salamanca.
La directora administrativa del Senado ha enfrentado previamente investigaciones por contratos irregulares, incluyendo un proceso en 2020 por la restauración del Capitolio Nacional y otra investigación en 2007 sobre la contratación de intermediación en riesgos laborales.
A pesar de las acusaciones, Salamanca ha sido absuelta en cada caso, y sus defensores sostienen que ha sido un recurso importante para la administración del Senado, logrando el respaldo de varios sectores dentro del Congreso.
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