En un país donde se exige el respeto a los derechos de las víctimas de acoso y violencia sexual, la denuncia pública de Alejandra Omaña, conocida en la industria del entretenimiento para adultos como Amaranta Hank, desencadenó una acalorada discusión en redes sociales y medios.
La periodista y exactriz de cine para adultos reveló en los últimos días una serie de conversaciones con Diego Cancino, presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en respuesta al testimonio de Viviana Vargas, asesora del Ministerio del Interior, que acusó al alto funcionario de acoso sexual y de intento de agresión física. Las declaraciones de la reconocida mujer buscan visibilizar, según sus palabras, un “patrón de conducta” en casos de abuso hacia mujeres en diferentes sectores.
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La periodista compartió capturas de pantalla de conversaciones con Cancino como respaldo de su testimonio. “Subí los pantallazos que tenía guardados de la situación que ocurrió en junio (2024)”, explicó Hank al diario El Tiempo, al detallar que aunque admiraba al exconcejal de Bogotá como funcionario, no lo conocía en persona y, en esa ocasión, él se comunicó reiteradamente por WhatsApp en un tono que ella percibió como invasivo y molesto.
“Se puso intenso, cada 30 minutos me llamaba. Me estresé al punto de pedirle que parara de forma respetuosa”, añadió.
La exactriz señaló que decidió hacer la denuncia pública porque no espera seguir el procedimiento ante la Fiscalía. Esto tiene como objetivo demostrar que el caso de Vargas no es un incidente aislado, sino que, en su opinión, se trata de un comportamiento repetitivo: “Ahí uno dice: ‘no fui yo sola, hablemos para que el caso tenga resonancia y avance el proceso’”.
Estigma de la industria del entretenimiento para adultos
Sin embargo, más allá del caso específico, el testimonio de la periodista enfrentó una avalancha de críticas y burlas en redes sociales. Comentarios como “quienes graban videos para morbosos y violadores exigen respeto por su pudor sexual” reflejan el escepticismo y la discriminación que enfrentan quienes trabajan o trabajaron en la industria pornográfica.
Al expresar su opinión sobre el caso de Cancino, fue objeto de ciberacoso y experimentó una revictimización debido a su pasada ocupación. Esto, según relata ella, impactó negativamente su vida personal al comenzar este tipo de procesos; en su situación, experimentó una disminución de su libido, episodios de atracones (trastorno alimenticio) y dificultades con su autoestima.
Esta reacción motivó un debate más amplio que interroga hasta qué punto quienes ejercen o ejercieron esta actividad tienen derecho a exponer acosos y abusos, y si, como cualquier ciudadano, deberían recibir el respaldo de las autoridades sin que su ocupación se convierta en un obstáculo para su credibilidad.
Amaranta Hank señaló para la fuente citada que cada vez que denuncia o se pronuncia sobre violencia sexual, su pasado en la industria pornográfica se convierte en un arma en su contra, con la viralización de contenido explícito para desacreditar su voz y desviar la atención de su testimonio hacia su vida privada.
“Es doloroso pensar y saber que mucha gente le resta credibilidad a lo que denuncio, por el trabajo que ejercí. Sin embargo, sigo haciéndolo, porque es mi responsabilidad como mujer y ser humano”, dijo la periodista al diario en mención, visibilizando el costo emocional de levantar la voz ante una sociedad que juzga la credibilidad de la víctima en función de su ocupación pasada.
Derechos de las víctimas de acoso sexual
Cabe recordar que, la Ley 2365 de 2024, centrada en la prevención, atención e investigación del acoso sexual en el ámbito laboral, ampara a todas las mujeres, incluyendo a aquellas en la industria del sexo, quienes, al igual que cualquier ciudadano, deberían recibir atención y protección especial debido a los riesgos particulares de vulnerabilidad en su actividad de supervivencia.
En el artículo 2 de la ley señala que: “Para efectos de esta ley, se entenderá por acoso sexual todo acto de persecución, hostigamiento o asedio, de carácter o connotación sexual, lasciva o libidinosa, que se manifieste por relaciones de poder de orden vertical u horizontal, mediadas por la edad, el sexo, el género, orientación e identidad sexual, la posición laboral, social, o económica, que se dé una o varias veces en contra de otra persona en el contexto laboral y en las Instituciones de Educación Superior en Colombia”.
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