Las cifras de denuncias por delitos contra niños, niñas y adolescentes en Colombia han mostrado un preocupante aumento del 8% en lo que va de 2024, alcanzando un total de 78.124 reportes, en comparación con las 71.851 denuncias registradas en 2023.
Esta alarmante tendencia fue revelada por la teniente coronel Claudia Suárez Carrillo, jefa de Infancia y Adolescencia de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, que destacó que los menores de 6 a 12 años son los más afectados, constituyendo 40.026 de las víctimas. A su vez, los menores de 12 a 17 años y los de 0 a 5 años también presentan cifras preocupantes.
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Las niñas son las más vulnerables
Los datos revelan que el género femenino es el más afectado, con un 56% de las víctimas (43.692), mientras que el 44% (34.432) son varones. Entre los delitos más comunes, la violencia intrafamiliar encabeza la lista con 17.940 casos, seguida por la inasistencia alimentaria con 9.919 denuncias, y actos sexuales abusivos que han generado cerca de 11.000 denuncias.
Una de las estadísticas más alarmantes es que el 95% de los menores afectados residen en zonas rurales, donde la intervención del Estado suele ser menos efectiva. Cundinamarca, Antioquia, Valle, Santander y Tolima son los departamentos que presentan mayores cifras de denuncias, lo que indica una crisis estructural que afecta tanto la seguridad como el bienestar de los menores en el país.
La alta incidencia de violencia intrafamiliar y abuso sexual plantea la necesidad de implementar medidas preventivas y correctivas a nivel comunitario, involucrando a instituciones educativas y de salud para abordar esta problemática desde diversos frentes; pues el impacto de estos delitos no solo afecta a las víctimas directas, sino que también tiene repercusiones a largo plazo en sus familias y comunidades.
Frente a esta crisis, las autoridades han intensificado sus operativos, logrando la captura de más de 4.000 presuntos responsables de delitos contra la infancia y la adolescencia. Sin embargo, el incremento en las denuncias también refleja una mayor disposición de la ciudadanía a reportar estos delitos, lo cual podría interpretarse como un signo positivo de confianza en las autoridades.
Además, para que dicha confianza se mantenga, es crucial que el gobierno destine más recursos a la protección y atención de las víctimas, además de reforzar la presencia estatal en áreas rurales.
Reforma a la justicia y su impacto en la protección de la niñez
La reciente tragedia del asesinato de la niña Sofía Delgado en el Valle del Cauca y del menor Alexis Delgado, asesinado en San Cayetano, Cundinamarca, abrió el debate sobre la controvertida reforma a la justicia que avanza en el Congreso y que busca reducir las condenas para quienes admiten ser culpables de homicidio o lesiones a niños, niñas y adolescentes.
Según la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, “aunque el proyecto contempla reducciones de penas, estas no implican impunidad, ya que las condenas seguirían siendo significativas, con un mínimo de 14 años y un máximo de hasta 40 años de prisión”, indicó la jefe de cartera en entrevista con Caracol Radio.
El proyecto de reforma plantea que, en casos de homicidio o lesiones dolosas contra menores, se otorgará una reducción de pena en caso de celebrarse preacuerdos entre la Fiscalía y el imputado. Al respecto, Buitrago afirmó que estas reducciones “técnicamente no son beneficios” y que su objetivo es evitar que los casos queden en la impunidad, asegurando que los agresores enfrentarán consecuencias significativas por sus actos.
Sin embargo, la ministra también reconoció la complejidad de estos casos, que a menudo se desarrollan en la intimidad, lo que dificulta la recolección de pruebas. “El problema de estos casos son los delitos que se ‘denominan a puerta cerrada’; eso quiere decir que, en muchos de ellos, no se cuenta con una prueba técnica que pueda incriminar al agresor”, señaló Buitrago.
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