El magistrado Gustavo Salazar Arbeláez ha ordenado la compulsa de copias para investigar a varios altos mandos militares y policiales en Colombia por su presunta colaboración con grupos paramilitares.
Esta decisión, tomada el 23 de octubre de 2024, se enmarca en el Caso 08 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que examina crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública y otros agentes del Estado en asociación con paramilitares durante el conflicto armado colombiano.
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Entre los investigados se encuentran los generales retirados Jaime Uscátegui, Miguel Pérez Guarnizo y Francisco René Pedraza, así como los comandantes de Policía del departamento del Meta entre 1997 y 1999. Según la JEP, estas personas podrían haber favorecido a grupos paramilitares, lo que ha motivado la apertura de investigaciones para esclarecer su responsabilidad en los hechos.
La Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas de la JEP, bajo la dirección del magistrado Salazar Arbeláez, ha sido la encargada de emitir el auto que impulsa estas investigaciones.
Este proceso forma parte de un esfuerzo más amplio por parte de la JEP para abordar los crímenes relacionados con el conflicto armado en Colombia, buscando justicia y reparación para las víctimas.
El Caso 08 se centra en delitos cometidos por la fuerza pública y otros actores estatales, ya sea en colaboración directa o indirecta con grupos paramilitares, o por terceros civiles. La JEP, creada como parte del acuerdo de paz con las Farc, tiene el mandato de investigar y juzgar estos crímenes, con el objetivo de contribuir a la verdad y la reconciliación en el país.
La compulsa de copias es un procedimiento legal que permite trasladar información a otras instancias judiciales para que se inicien las investigaciones pertinentes. En este contexto, se busca determinar la participación de los mencionados en actividades ilegales durante su servicio en la fuerza pública, en un periodo crítico del conflicto armado colombiano.
Incómodo listado de 63 políticos relacionados el paramilitarismo colombiano agita la jurisdicción especial para la paz
Desde una prisión de máxima seguridad en Colorado, Estados Unidos, Dairo Antonio Úsuga, conocido como alias Otoniel, ha proporcionado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un listado de políticos y militares colombianos con presuntos vínculos con grupos paramilitares, según informó Daniel Coronell en La W.
Este testimonio ha impulsado a la JEP a comenzar investigaciones sobre estas conexiones, que podrían incluir financiamiento ilegal y asesinatos políticos.
La JEP, a través de los magistrados Gustavo Salazar y Alejandro Ramelli, ha emitido un auto para que se inicien las investigaciones pertinentes. Este proceso busca esclarecer las relaciones entre el Clan del Golfo y figuras políticas y militares de alto rango en Colombia. Según alias Otoniel, el grupo criminal ha mantenido vínculos con ministros de Estado y generales de la República.
El listado entregado por Otoniel incluye a 63 políticos, y su divulgación ha generado un gran revuelo en el país. La información fue publicada por Coronell, quien destacó la urgencia del gobierno del entonces presidente Iván Duque por extraditar al jefe criminal mientras este proporcionaba detalles sobre sus colaboradores.
La JEP, encargada de investigar y juzgar los crímenes cometidos en medio del conflicto armado colombiano, ha tomado esta información como base para profundizar en las relaciones entre el Clan del Golfo y figuras políticas y militares. Este proceso podría revelar la magnitud de la infiltración paramilitar en las estructuras del Estado colombiano.
El testimonio de alias Otoniel, quien fue extraditado a Estados Unidos, ha sido considerado crucial para entender la complejidad de las relaciones entre el crimen organizado y la política en Colombia. La JEP busca determinar el alcance de estas conexiones y las posibles implicaciones legales para los involucrados.
La investigación de la JEP se centra en identificar y juzgar a aquellos que, según el testimonio de Otoniel, han colaborado con el Clan del Golfo y otros grupos paramilitares. Este esfuerzo es parte de un intento más amplio de la justicia colombiana por desmantelar las redes de apoyo que han permitido la persistencia de la violencia paramilitar en el país.
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