El Consejo de Estado, a través de su Sección Quinta, ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse por declaraciones hechas en redes sociales contra Enrique Vargas Lleras y su familia, de acuerdo con información obtenida por la emisora colombiana W Radio.
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La decisión, que fue conocida el 22 de octubre, responde a una tutela interpuesta por Vargas Lleras, quien alegó que el mandatario afectó su honra y buen nombre mediante publicaciones en la red social X entre mayo y junio de 2024.
El presidente Petro hizo tres publicaciones señalando a la familia Vargas Lleras de ocultar deudas de la Nueva EPS y mal manejo de recursos del sistema de salud. El 28 de mayo,
Petro afirmó: “La familia Vargas Lleras debería responder por esta inmensa pérdida de recursos públicos y de clínicas y hospitales sin pago”.
Posteriormente, el 31 de mayo, publicó que “en la Nueva EPS, manejada por la familia Vargas Lleras, ocultaron 5.5 billones en deudas mientras hacían gastos billonarios innecesarios”. Finalmente, en una alocución presidencial del 6 de junio, Petro reiteró estos señalamientos.
Los demandantes argumentaron que dichas afirmaciones no tienen sustento ni base probatoria, y que han afectado la imagen pública de la familia Vargas Lleras, dañando su prestigio y confianza.
Según el fallo del Consejo de Estado, no existe evidencia de que Enrique Vargas Lleras o su familia hayan ocultado fondos de la Nueva EPS, como lo insinuó el mandatario.
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El tribunal determinó que las declaraciones de Petro no formaban parte de un debate político general sobre el sistema de salud, sino que se trataban de acusaciones directas hacia personas específicas.
En el fallo, el Consejo de Estado aclaró que “las opiniones realizadas por el señor presidente no se enmarcan en un debate político acerca del manejo del sistema de salud en general, sino que son imputaciones realizadas de manera concreta y específica a personas determinadas”. Además, se concluyó que no hay pruebas que respalden dichas acusaciones.
El fallo, que ratifica una decisión anterior emitida el 27 de agosto de 2024, protege los derechos fundamentales a la honra y buen nombre de los demandantes. La sentencia también ordena al presidente retractarse públicamente de sus afirmaciones.
Petro presentó pruebas que fueron desestimadas, ya que, según el tribunal, no se evidencia en ellas ninguna responsabilidad de los Vargas Lleras en las deudas ocultas que se mencionaron en sus declaraciones.
El Consejo de Estado concluyó que no se trata de una crítica a una política pública, sino de una imputación concreta sin fundamentos probatorios suficientes.
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