José Ignacio Gaona Peña y Angie Lorena Araque Manchola enfrentan acusaciones formales por su presunta participación en una red de trata de personas que enviaba jóvenes colombianas a China con fines de explotación sexual.
Según la Fiscalía General de la Nación, las víctimas, una vez en la ciudad Guangzhou, eran despojadas de sus documentos y obligadas a trabajar en un club nocturno.
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La investigación, que se remonta a junio de 2017, reveló que los documentos de viaje de las jóvenes fueron tramitados a través de una agencia de viajes ubicada en la exclusiva zona de El Lago, en el norte de Bogotá.
Esta agencia, conocida como Mundoviajes.com, operaba bajo la razón social de JYC Global S.A.S, una empresa constituida en 2015 y dedicada a actividades de agencias de viaje y comercio al por menor, según El Tiempo. El caso ha puesto bajo la lupa a Gaona Peña, quien figura como accionista mayoritario de la empresa, y a Araque Manchola, extrabajadora de Mundoviajes. Ambos han sido acusados de concierto para delinquir agravado, trata de personas y tentativa de trata de personas.
Entre junio de 2016 y octubre de 2019, cuatro mujeres jóvenes fueron engañadas con promesas de trabajo como comerciantes mayoristas y trasladadas a Guangzhou, China, donde fueron obligadas a ejercer actividades sexuales para saldar una supuesta deuda.
Según las investigaciones de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, las víctimas, de entre 19 y 25 años, fueron captadas en Ipiales (Nariño), Pereira (Risaralda) y Medellín (Antioquia).
Al llegar a China, las mujeres fueron despojadas de sus pasaportes y se les informó que debían trabajar en un establecimiento nocturno para cubrir los costos de su viaje y manutención.
Tres de ellas lograron escapar y, con la ayuda del consulado colombiano en Guangzhou, regresaron al país. En sus declaraciones, relataron haber sufrido maltratos físicos y emocionales para forzarlas a cumplir con las exigencias del grupo delictivo.
La Fiscalía ha solicitado, en dos ocasiones, la preclusión de la investigación, pero los jueces han negado estas solicitudes, argumentando la necesidad de profundizar en las pruebas presentadas.
La defensa de Gaona, encabezada por el abogado Javier Francisco Reyes Montilla, sostiene que su cliente es inocente y que su único papel fue el de representante legal de la agencia encargada de tramitar documentos de viaje para que las personas que contrataran sus servicios, puedan ir a su destino.
Hasta el momento, los dos señalados están en libertad, esperando una audiencia preparatoria de juicio programada para febrero del 2025.
José Gaona y Angie Araque están relacionados con una de las cabecillas de la banda que ya fue judicializada
El abogado Reyes Montilla enfatiza que no existe relación entre Gaona y Cruz Alejandra Londoño, señalada como cabecilla de la red y condenada en abril del 2023 a ocho años de prisión tras aceptar cargos.
Londoño captaba a sus víctimas, principalmente mujeres jóvenes del Eje Cafetero y Valle del Cauca, ofreciéndoles trabajos como comerciantes en China. Sin embargo, al llegar a su destino, las mujeres eran despojadas de sus pasaportes y obligadas a trabajar en condiciones de explotación sexual en discotecas y clubes nocturnos de Guangzhou, también conocida como Cantón.
La Fiscalía logró reunir testimonios de tres víctimas, de entre 19 y 20 años, quienes relataron cómo fueron engañadas con promesas de empleo. La red criminal se encargaba de tramitar sus visas y comprar los boletos de avión, facilitando así su traslado a China. Una vez allí, las mujeres eran amenazadas con represalias contra sus familias en Colombia si intentaban escapar.
El modus operandi de la red incluía exigir cuotas diarias de dinero a las víctimas, quienes debían cumplir con las demandas de los clientes para obtenerlo. Esta operación se mantuvo activa al menos desde 2016 hasta 2022, según las autoridades.
Un juez penal especializado de Pereira emitió una orden de captura contra Londoño, quien aceptó los cargos de trata de personas y concierto para delinquir como parte de un acuerdo con la Fiscalía.
Además de la pena de prisión, fue multada con el equivalente a 625 salarios mínimos mensuales vigentes y se le inhabilitaron sus derechos políticos por 99 meses.
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