En 2021, el municipio de Pereira ejecutó con el Consorcio Prosperidad Vial Cerritos el contrato 4812, que iniciaría el proceso de construcción de la primera etapa de la Avenida los Colibríes, por un valor de treinta y un millones ochocientos sesenta y dos mil pesos ($31.862.000) con un adelanto de doce millones setecientos cuarenta y cinco mil pesos ($12.745.000). El consorcio, según indicó Carlos Crosthwaite en El Opinadero, estaba conformado por “José Gabriel Vargas (10%), Vincol Construcciones SAS (40%) y Carlos Guillermo Suarez Escobar (50%).
El columnista señaló que, pese a que la construcción del corredor le fue asignado al Consorcio Condina, mediante el contrato 5116 de 2021 por $2.816 millones, las funciones de este llegaron hasta el diez de mayo de 2023, cuando cedió el contrato al Consorcio Caba Intervias, “representado por Carlos Alberto Ballesteros. Asumiendo el compromiso de cumplir íntegra y cabalmente el seguimiento técnico de la ejecución del contrato de obra”.
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El proyecto se alargó hasta finales del 2023, y ante el evidente retraso de la construcción, las autoridades comenzaron a investigar a los principales responsables de este proyecto sin ejecutar debidamente.
Agentes de la Fiscalía revelaron que Carlos Guillermo Suárez Escobar habría sido parte de un esquema de corrupción en la presentación de actas de obra que no eran veraces, puesto que cambió trazados de la Avenida Los Colibrís en el municipio, pasando de cuatro a seis carriles el proyecto y modificando la ubicación de redes eléctricas indicaron las autoridades.
Los cambios representaron adiciones del presupuesto por un valor de veinte mil trescientos millones de pesos ($20.300.000.000), dinero que fue desembolsado sin que las obras se ejecutaran.
Según publicó el medio El Pereirano el fiscal que llevó a cabo la investigación aseguró en la audiencia que los hechos afectaron la credibilidad de los procesos de la contratación pública y las arcas del municipio. Sus acciones generaron “un detrimento patrimonial de 12.000 millones de pesos”, indicó la Fiscalía.
La detención y proceso contra Suárez se da en el marco de un caso que involucra a exfuncionarios del municipio de Pereira. El acusado enfrenta diferentes cargos, entre los que destacan la falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, peculado por apropiación y celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.
Según la Fiscalía, “El proyecto contemplaba una obra de 3.400 metros, por un valor superior a 32.037 millones de pesos. Los elementos de prueba presentados por un fiscal (...) revelan que el presupuesto no estaba asignado y, sin embargo, el contrato fue celebrado”.
Esta entidad también indicó que creen que la demora de expedición de permisos ambientales por parte de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) llevó a los responsables de este entramado a realizar un pago ilegal por cien millones de pesos.
Un juez de control de garantías impuso medida privativa de libertada para Suárez Escobar en presidio. Es importante recordar que por este mismo caso el exalcalde de Pereira Carlos Alberto Maya López; el exsecretario de infraestructura Milton Hurtado García; así como los interventores José Alberto Rojas Prieto y Carlos Alberto Ballesteros Aristizábal fueron privados de la libertad.
La Fiscalía también comentó en el comunicado que el constructor “José Gabriel Vargas Carvajal fue dejado en libertad, pero continúa vinculado al proceso”, lo que indica que este proceso aún no está terminado y seguirá bajo investigación por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
A finales de 2023, la Alcaldía de Pereira había publicado un comunicado en el que indicó que el primer tramo de este proyecto tenía un avance del 83%. El mismo Milton Hurtado, actual imputado por este caso de corrupción y que fungía como secretario de Infraestructura de la ciudad, indicó que la administración se estaba encargando de comprar predios para iniciar construcciones en otros puntos. Algo que también presentó irregularidades, según el columnista Crosthwaite, que afirmó que “Hasta noviembre del pasado año (2023) no había sido finiquitada, cuando debería haber sido resuelta en los primeros meses de ejecución de los trabajos. De 55 predios intervenidos, solo han pagado o en proceso 27; en proceso de negociación, 21 y con permiso de ocupación, 7″.
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