
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia informó el martes 8 de octubre la apertura de dos indagaciones preliminares en contra de David Racero, actual representante a la Cámara. El anuncio se produjo luego de que el periodista Daniel Coronell revelara una serie de mensajes que indicarían posibles irregularidades en la administración de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
Los mensajes, que habrían sido enviados a través de WhatsApp, involucran a Estefanía Montoya, quien forma parte de la UTL, su esposo Yidis Gahona, exasesor del congresista, y Leonardo García. Según las conversaciones expuestas, se estarían llevando a cabo prácticas que incluyen el cobro de una parte del salario de los empleados y la asignación de tareas ajenas a las labores legislativas, lo cual genera cuestionamientos éticos y podría derivar en consecuencias legales para Racero y su equipo.
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En uno de los casos, Racero presuntamente habría solicitado a Montoya que entregara a Yidis Gahona un monto de $3.500.000 de su salario, que ascendía a un total de $8.158.000, para luego utilizar esos fondos en cubrir deudas personales del congresista. Además, se detalló que Racero le pidió a Montoya que se encargara de pagar una deuda de tarjeta de crédito que él tenía, por un valor de $2.375.000.
El caso relacionado con la UTL del representante David Racero fue asignado al magistrado César Reyes, quien llevará adelante la investigación sobre las presuntas irregularidades dentro de su equipo.
En paralelo, la Corte Suprema también anunció la apertura de una segunda indagación en contra del congresista. Esta nueva investigación tiene su origen en un informe publicado por W Radio el 30 de septiembre, en el que se expone la posible solicitud de cargos dentro del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

De acuerdo con la emisora, las gestiones de Racero estarían vinculadas a un familiar que, aparentemente, intervino en conversaciones con el director de la entidad. Una fuente de la Corte afirmó que “acá hay presuntas conversaciones con el director del Sena y estarían relacionadas con el proceso de contratación de personal, supuestamente intermediadas por un familiar del congresista”. Ante estas acusaciones, la investigación fue asignada al despacho del magistrado Francisco Farfán, quien evaluará las pruebas y testimonios para determinar si se presentaron conductas indebidas en el nombramiento de personal.
Frente a la polémica generada por ambos casos, el representante Racero se manifestó a través de su cuenta en la red social X, el domingo 29 de septiembre, expresando su disposición a cooperar con las autoridades competentes para esclarecer cualquier duda sobre las acusaciones en su contra.
“Yo mismo pediré a la Procuraduría que inicie una investigación en torno a los mensajes que Daniel Coronell publicó. Todo debe esclarecerse para que no haya la más mínima duda sobre algún tipo de irregularidad o ilegalidad. Haré lo propio ante la Corte Suprema”, manifestó Racero.

Así mismo, tras la divulgación de los audios que generaron controversia, el representante argumentó que lo que se está orquestando es una campaña para desprestigiarlo y afectar tanto su carrera como su estabilidad personal. En su declaración, Racero insistió en que la filtración de estas conversaciones es parte de una estrategia malintencionada para desacreditarlo públicamente.
“Estos son tipos de conducta que ponen en riesgo mi integridad. No solamente mi quehacer político, sino mi vida personal”, afirmó Racero, al tiempo que recordó un episodio que vivió el año anterior. Según explicó, alguien sustrajo su iPad directamente del maletero de su vehículo, un hecho que ya había denunciado ante las autoridades competentes. “Justamente, hace un año, de mi propio auto, sacándolo de la maleta, fue extraído mi iPad. Tengo la denuncia correspondiente”, enfatizó el representante.
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