El 5 de octubre, en el corregimiento de Puerto Olaya, municipio de Cimitarra (Santander), se registró el asesinato de tres adolescentes, lo que conmocionó a la comunidad, pero lo que llamó la atención fue la respuesta tardía por parte de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Cáceres.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:00 a. m., cuando dos individuos armados ingresaron a una vivienda en la Calle Villanueva y dispararon contra los menores, de 12, 15 y 16 años de edad, dos de los cuales eran hermanos.
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La Policía Nacional del departamento de Santander confirmó los asesinatos, lo que provocó la movilización de las autoridades y un llamado a la comunidad para que, si tenían información sobre el crimen, alertaran a las autoridades, de hecho, se estableció una línea telefónica dedicada para recibir denuncias, con el fin de asegurar la confidencialidad de los informantes.
El secretario del Interior, Oscar Eduardo Hernández, informó que aproximadamente ocho hombres armados ingresaron a la vivienda y llevaron a cabo el asesinato de los adolescentes: “Dos de ellos eran hermanos. La hipótesis que se maneja hasta ahora, dentro de la investigación judicial, sería una disputa por el tráfico local de estupefacientes”, añadió el funcionario de la Gobernación de Santander.
No obstante, la declaración de la directora del Icbf se retrasó, ya que Astrid Cáceres expresó su condena a los hechos más de 30 horas después, a las 12:55 p. m. del 6 de octubre, mediante su cuenta en X. Este retraso generó sorpresa, dado que, como máxima autoridad de la institución, se esperaba que ella fuera la primera en pronunciarse sobre el caso.
En su mensaje, la directora expresó: “Repudio total al asesinato de 3 niños en Santander. Me indican que estaban en casa y entran 8 hombres a asesinarlos? La casa debe ser lugar seguro y sagrado. Llamado a @FiscaliaCol para las investigaciones. Alerta por la niñez en Cimitarra y acompañamos duelo de las familias”.
La tardanza en la respuesta generó cuestionamientos y descontento en la comunidad. La percepción de una falta de atención o inacción frente a un crimen de tal magnitud alimentó la indignación entre los habitantes de Cimitarra, que esperaban una acción más inmediata por parte de la dirección del Icbf.
Además del pronunciamiento personal de la directora, el mismo instituto publicó un comunicado en su página web, en donde condenó la muerte violenta de los adolescentes y reiteró su compromiso con la protección de los niños y adolescentes en el país.
“Desde que se conoció lo ocurrido, Bienestar Familiar, en articulación con un equipo de Defensoría de Familia, brinda acompañamiento a la Comisaría de Familia, quien tiene la competencia territorial para que se adelanten las acciones necesarias”, se señala en el comunicado.
El instituto también resaltó la importancia de que la ciudadanía denuncie cualquier acto que amenace la vida e integridad de los menores. “Al condenar estos hechos, Bienestar Familiar reiteró su mensaje a la ciudadanía sobre la importancia de denunciar cualquier acto que atente contra la vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes en el país”, se agrega en el texto.
El caso provocó un debate sobre la respuesta de las instituciones ante situaciones de violencia contra menores y puso de relieve la necesidad de un enfoque más ágil y sensible ante estos incidentes. Mientras las autoridades continúan con la investigación del triple homicidio, el Icbf reiteró su llamado a la comunidad para que se sume a la protección de los niños y niñas, al indicar que la colaboración ciudadana sería crucial para prevenir y actuar ante situaciones de riesgo.
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