Salomón Strusberg, exdirector de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación durante la administración de Francisco Barbosa, respondió a las acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre la supuesta entrega de bienes al Clan del Golfo. Strusberg afirmó que la responsabilidad de la custodia de estos bienes recae en el Fondo de Reparación para las Víctimas, una entidad del gobierno, y no en la Fiscalía, según informó El Tiempo.
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En declaraciones al medio, Strusberg calificó de difamatorias las afirmaciones del presidente Petro, quien había señalado que, durante el mandato de Barbosa, la Fiscalía entregó tierras de narcotraficantes a otros narcotraficantes. Strusberg aclaró que la Fiscalía entregó los bienes al Fondo de Reparación, que es responsable de su administración y vigilancia.
“Yo creo que esa afirmación del presidente es difamatoria. Nosotros en la Fiscalía General de la Nación nunca le entregamos los bienes al ‘Clan del Golfo’ como el presidente lo ha manifestado. Nosotros le entregamos los bienes al Fondo de Reparación para las Víctimas que pertenece a la Rama Ejecutiva del Poder Público y ese Fondo es el responsable de la custodia y de la administración de esos bienes”, dijo puntualmente
El exfuncionario destacó que durante su gestión se entregaron al Fondo 1.600 bienes valorados en 1,8 billones de pesos, provenientes de estructuras paramilitares. Entre los bienes perseguidos se encuentran propiedades de figuras como alias Macaco y Memo Fantasma, con valores que superan los 100.000 millones de pesos. Strusberg enfatizó que la Fiscalía no entregó bienes al Clan del Golfo, como afirmó el presidente, sino que se los transfirió al Fondo de Reparación.
“El presidente dijo que la Fiscalía, en el periodo de Francisco Barbosa, lo que hizo fue pasar la tierra de un narcotraficante a otros narcotraficantes, y eso no es verdad, la Fiscalía General le pasó los bienes al Fondo para la Reparación de las Víctimas que depende del presidente. Cualquier acto de disposición de eso viene lo hizo el Fondo de Reparación, entonces si el presidente manifiesta que encontraron a unos hombres de fusil en esos bienes, pues el Fondo era el llamado a ejercer la vigilancia y control sobre esos bienes, no la Fiscalía”, señaló el exfuncionario.
Strusberg también mencionó que las denuncias sobre la pérdida de bienes entregados por Salvatore Mancuso deben ser investigadas por la Fiscalía, ya que estas entregas ocurrieron durante la desmovilización de los paramilitares en 2005 y 2006. Aseguró que la Fiscalía priorizó la persecución de bienes vinculados al paramilitarismo, investigando a familias, políticos y empresarios relacionados con estos activos.
El exdirector de Justicia Transicional señaló que la responsabilidad de la Fiscalía concluyó al entregar los bienes al Fondo de Reparación, y que cualquier irregularidad en su administración es responsabilidad del Fondo. Strusberg instó a una rendición de cuentas por parte del Fondo para esclarecer el estado actual de los bienes entregados.
Además, defendió el trabajo de los fiscales e investigadores de la Dirección de Justicia Transicional, afirmando que no se puede desmeritar su gestión con acusaciones infundadas. Reiteró que la Fiscalía cumplió con su deber al transferir los bienes al Fondo de Reparación, y que las declaraciones del presidente Petro son incorrectas y difamatorias.
Ante los hechos, se ha mencionado que muchos bienes entregados por el presidente Petro fueron cautelados durante la administración de Barbosa. Entre estos se encuentran propiedades en Chimichagua y Caucasia, relacionadas con figuras como ‘Jorge 40′ y ‘Cuco Vanoy’.
También dijo que los paramilitares utilizaron maniobras de ocultamiento y testaferros para retener sus bienes, y que muchos comandantes nunca entregaron propiedades para la reparación de las víctimas. La Fiscalía ha llamado a una rendición de cuentas por parte del Fondo de Reparación para esclarecer el destino de los bienes entregados.
La controversia se intensifica con las declaraciones del presidente Petro. Esta situación ha puesto de relieve la necesidad de una mayor transparencia en la administración de los bienes destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
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