En un fallo determinante, la jueza 53 de conocimiento de Bogotá condenó el miércoles, 25 de septiembre de 2024, a los policías Alfonso Quinchanegua e Intendenta Dana Canizales a diez años de prisión por su implicación en el espionaje ilegal a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, que en el momento era exjefa del gabinete del presidente Gustavo Petro.
El caso, conocido como “caso Presidencia”, ha puesto en el centro de la opinión el manejo de las estructuras del gobierno colombiano y de la Casa de Nariño.
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La Fiscalía informó que “Los dos uniformados participaron en diferentes actuaciones irregulares para obtener las órdenes de interceptación de las comunicaciones de Marelbys Meza, exempleada de la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia Torres”.
Incluso, indicaron que “las pruebas de la Fiscalía acreditaron que el intendente Quinchanegua y la patrullera Canizales Bonilla, utilizaron documentos falsos para lograr que un fiscal de hurtos de la Seccional Bogotá ordenara intervenir las líneas celulares de Marelbys Meza y una persona muy allegada a esta, como parte de una investigación por la pérdida de un dinero en el lugar de residencia de la señora Sarabia Torres”.
Tras el fallo, la patrullera Dana Canizales dio un testimonio clave durante el juicio, y detalló cómo le dijeron que la información enviada para realizar el espionaje provenía directamente de la Presidencia.
Las órdenes vendrían de la Presidencia, según la patrullera imputada
“Me dijeron que era una información de Presidencia, de la Casa de Nariño, pues nunca me imaginé que en Presidencia fueran a montar alguna mentira o una información que no sea verdad”, confesó Canizales durante el juicio, según informó Semana.
En su declaración, Canizales describió las presiones recibidas de sus superiores para proceder con las interceptaciones. “No se me pasó que fueran a decir mentiras, yo solo estaba cumpliendo mi trabajo; obviamente, también por la presión”, afirmó Canizales en su testimonio a las autoridades.
Incluso, destacó la coordinación entre la Presidencia y los mandos oficiales. Destacó que el jefe de la Sijín también estaba al tanto del caso. “Obviamente, también por la presión. No solo mi capitán estaba ahí, el jefe de la Sijín también preguntaba por ese caso”, detalló Canizales.
Sobre la instrucción que habría venido de la Presidencia, testificó: “Manifiestan que les habían dado la información de una fuente, que era de Presidencia. Le pregunté a mi capitán Mojica quién era y dijo: «una fuente de Presidencia». En físico no la llevaban, no sé por qué medio, si fue por correo o por los teléfonos que manejaba y cogen un formato que estaba con mi firma, trabajan encima la información que les enviaron de Presidencia”, dijo.
Para garantizar una manejo de la información coherente y unificada, los superiores de Canizales habrían tomado medidas específicas. “Venga, firme la fuente”, le habría dicho su capitán Mojica, con el fin de que la patrullera firmara sin cuestionar. Además relató: “Mi capitán Mojica la imprime y me la pasa para que la firme. Yo la firmo porque confiaba totalmente en él”, pese a aparentes modificaciones que le habrían realizado a la instrucción.
Además, Mojica habría instruido a Canizales y otros involucrados a mantener una sola línea de tiempo y versión de los hechos antes de interrogatorios clave.
En la audiencia de juicio la patrullera dio a conocer también el miedo y la tensión interna que vivieron los involucrados del polémico caso. Durante el interrogatorio, Canizales expresó su temor por las potenciales repercusiones personales y familiares, dado el alto perfil del caso y la implicación de superiores. “Tengo miedo, es un caso de connotación, aquí hay muchos superiores en este proceso y me pueden hacer algo a mí o a mi familia”, confesó a las autoridades.
Los delitos imputados a los agentes fueron de fraude procesal, falsedad material en documento público y falsedad ideológica en documento público. En la audiencia, ambos oficiales aceptaron su responsabilidad mediante un preacuerdo, lo que les valió una condena a 112,2 meses de prisión (equivalente a nueve años y cuatro meses), así como una multa de 354,15 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 77,3 meses.
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