La controversia en torno al coronel (r) Félix Juan Carlos Araque Leal, involucrado en la investigación de ‘falsos positivoso’ en el Huila, ha tomado un nuevo giro con la decisión de su abogado, Víctor Mosquera Marín, de interponer una acción de nulidad contra la imputación realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La defensa argumenta que Araque fue víctima de un “montaje” y que su representación legal anterior fue insuficiente. “La Firma Víctor Mosquera Marín Abogados en representación del Coronel retirado del Ejército y abogado Juan Carlos Araque Leal, presentará solicitud de nulidad sobre el auto SUB D- SUBCASO HUILA-081 de 2023, por ser este violatorio de la garantía del debido proceso del compareciente y del derecho a la verdad de las víctimas”, indicó la defensa.
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Argumentos de la defensa
El abogado Mosquera Marín ha resaltado que la acción de nulidad se basa en audios en los que se escucha a excompañeros de Araque admitiendo su falta de implicación en los crímenes por los que se le acusa. “Grabaciones que fueron legítimamente realizadas por el señor Araque Leal, amparado en las prerrogativas que la Ley 906 de 2004, la Ley 1957 de 2019, la Ley 1922 de 2018, el Estatuto de Roma y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, le otorgan a las víctimas de delitos, para grabar a sus victimarios como estrategia de defensa”, indicó la defensa.
Según la firma del abogado, estos audios demuestran que, “esta nulidad parte de una serie de grabaciones de los comparecientes realizadas por el señor Araque, en las cuales se evidenciaba que estos, confesaban actividades delictivas, indicando que estaban faltando a la verdad e incriminando al señor Juan Carlos Araque Leal para la obtención de beneficios”.
Mosquera sostiene que el coronel no fue debidamente asesorado por su abogado anterior, lo que llevó a una mala interpretación y aplicación de la ley en su caso. En este contexto, se argumenta que las grabaciones son una prueba clave que debe ser reconsiderada y señalando que estas fueron sometidas a cadena de custodia y resguardadas por un investigador especializado, hasta ser entregadas a la Fiscalía General de la Nación.
La controversia de los audios
La Procuraduría General de la Nación ha cuestionado la legalidad de estos audios sugiriendo que fueron obtenidos de manera clandestina, lo que podría invalidar su uso en el proceso judicial. La Delegada 11 con Funciones de Coordinación e Intervención para la JEP ha afirmado que “esas evidencias fueron fraudulentamente recogidas”, señalando que su uso en el proceso podría vulnerar derechos fundamentales de los vinculados en el proceso.
A pesar de estos cuestionamientos, la defensa de Araque se apoya en precedentes judiciales que permiten la grabación de encuentros restaurativos sin que se violen derechos, argumentando que “dichos audios sí podían ser tomados a escondidas en encuentros restaurativos donde participaron los militares que aceptaron cargos, entre ellos el coronel Araque quien después se retractó”.
Así las cosas, la defensa señaló en un comunicado: “Reprochamos de manera contundente el actuar de la Procuraduría, que contrarió su deber funcional de proteger los derechos de las víctimas, en particular su derecho a la verdad, cercenando el aporte de este nuevo material probatorio mediante la solicitud de apertura de investigación disciplinaria”.
La retractación del coronel (r) Araque Leal
El coronel Araque, que inicialmente aceptó su responsabilidad por ‘‘falsos positivos’ en el departamento de Huila, dio un paso atrás, argumentando que su confesión fue resultado de presión y que ahora se considera una víctima de un “montaje”. Esta retractación añadió otra dificultad en el desarrollo de la investigación en la JEP, alimentando el debate sobre la legitimidad de las acusaciones en su contra.
En una reciente audiencia ante el tribunal de paz, Araque Leal presentó los audios como prueba de su inocencia, sosteniendo que las grabaciones demuestran que no fue partícipe de los delitos imputados. No obstante, la JEP ha mantenido una posición cautelosa mientras se evalúan las pruebas presentadas y se determina la validez de los procedimientos legales.
Por su parte, la Procuraduría ha solicitado que el caso de Araque sea trasladado a la Fiscalía General de la Nación, lo que implicaría su salida de la jurisdicción de paz. Este escenario ha sido interpretado por la defensa como un intento de “deslegitimar su caso y obstaculizar el acceso a la justicia”.
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