Consejo Nacional Electoral elegirá nuevo presidente en medio de acusaciones contra la campaña de Gustavo Petro

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se prepara para elegir a su nueva mesa directiva el jueves 26 de septiembre, en un momento decisivo que coincide con la próxima votación sobre los cargos en contra del presidente Gustavo Petro y de Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de campaña del mandatario. Esta elección se lleva a cabo tras la finalización del periodo de la magistrada Maritza Martínez, que lideró el organismo electoral en el último año.

La sala plena del CNE tomará esta decisión en un contexto de gran tensión política, ya que la votación de los cargos está relacionada con presuntas violaciones de topes de gastos en la campaña presidencial de 2022. Esta situación provocó un ambiente de especulación sobre el futuro político del actual mandatario y de su círculo cercano, puesto que la cercanía del magistrado César Lorduy al partido Cambio Radical llevó a muchos analistas a prever que podría contar con el respaldo necesario para asumir la presidencia del organismo.

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Además, la elección del nuevo presidente del CNE se produce en medio del retorno de Altus Baquero, que regresa a sus funciones tras ser reinstalado por la Corte Constitucional. Este regreso se suma a la complejidad del proceso electoral, dado que el funcionario mencionó su intención de solicitar la rotación del expediente que investiga las irregularidades en la financiación de la campaña de Petro. Esta acción podría retrasar aún más la votación de los cargos, intensificando las incertidumbres sobre el futuro político del presidente.

La elección de la nueva mesa directiva del CNE no solo es fundamental para el funcionamiento del organismo, sino que será un indicador de la dirección que tomará la investigación sobre las presuntas irregularidades en la campaña presidencial de Petro. Los resultados de esta elección podrían tener un impacto significativo en la percepción pública sobre la legitimidad del proceso electoral y la capacidad de la entidad para manejar situaciones controvertidas en el futuro.

La elección de los nuevos magistrados, así como la dirección que tomará el CNE en la investigación de la financiación de campañas, será observada de cerca por la ciudadanía y por actores políticos. La forma en que se desarrollen estos procesos determinará no solo la credibilidad de la entidad, sino el clima político en el país en los próximos meses.

La campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 es objeto de una investigación por presuntas irregularidades en la financiación y el gasto, donde se argumenta que se habrían violado los límites legales establecidos. Según los hallazgos del CNE, durante la primera vuelta de la elección, se registraron varias irregularidades significativas.

En primer lugar, se identificó que la campaña de Petro no reportó un aporte de 500 millones de pesos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode). Aunque la campaña sostiene que este aporte fue realizado por el movimiento Colombia Humana, los investigadores encontraron un acta del sindicato que confirma que el aporte fue aprobado como apoyo económico a la campaña.

Adicionalmente, se omitió un aporte de 500 millones de pesos del Partido Polo Democrático, que inicialmente fue registrado como un préstamo, pero luego desapareció de la contabilidad.

Se omitieron gastos por más de 1.200 millones de pesos relacionados con vuelos privados y el uso de un helicóptero, facturas que fueron manejadas de manera irregular. Asimismo, la campaña no reportó un aporte de 121 millones de pesos en efectivo por parte de la Unión Sindical Obrera (USO), entregado justo antes de la primera vuelta para gastos operativos el día de las elecciones.

En la segunda vuelta, las irregularidades continuaron. Por ejemplo, —de acuerdo con una investigación del periodista Daniel Coronell— el costo reportado para el alquiler del Movistar Arena fue de 150 millones de pesos, pero el verdadero costo fue de 250 millones. Solo se contabilizó una parte, omitiendo los 100 millones restantes.

Nuevamente, la campaña omitió pagos por 177 millones de pesos relacionados con testigos electorales durante la segunda vuelta y más de 960 millones de pesos en vuelos privados que no fueron incluidos en la contabilidad oficial. Además, no se reportó un aporte de más de 530 millones de pesos para la alimentación y transporte de testigos el día de la segunda vuelta, así como otros aportes de la USO que suman más de 379 millones de pesos, destinados al pago de testigos electorales.

El CNE señaló que la campaña de Gustavo Petro sobrepasó los topes legales de gasto en más de 5.300 millones de pesos y recibió aportes de personas jurídicas, lo que contraviene las normas electorales que permiten solo donaciones de personas naturales.