La supuesta compra por once millones de dólares del programa espía ‘Pegasus’, de origen israelí, sigue dando de qué hablar, después de que varios exfuncionarios del gobierno de Iván Duque salieran en la tarde de este miércoles 25 de septiembre a defender al expresidente.
Según informaron en un comunicado oficial, el entonces equipo de defensa del Duque negó rotundamente la adquisición del software de interceptación de comunicaciones durante su mandato. Indicaron que la Presidencia de Colombia nunca ordenó la compra de dicho programa.
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“Durante su mandato, el expresidente Iván Duque Márquez dio directrices claras y explícitas a todos los funcionarios para que actuaran en estricto cumplimiento de la Constitución y la Ley. Bajo su liderazgo y con estricto apego a la Constitución y las leyes, todo el aparato de seguridad del Estado fue utilizado exclusivamente para enfrentar al crimen organizado y contrarrestar las amenazas a la seguridad nacional”, señala la misiva.
El comunicado, respaldado por cinco generales retirados del Ejército y la Policía, además de los exministros de Defensa Diego Molano y Guillermo Botero, también se indicó que no existen pruebas que demuestren la existencia de dicho programa espía en el país.
“El expresidente Iván Duque Márquez no participó en algún proceso de adquisición de bienes y servicios estatales. La instrucción para todas las entidades fue clara: seguir estrictamente los lineamientos de contratación estatal, garantizando la transparencia en el uso de los recursos públicos”, señala el comunicado.
En el informe también aparece la firma del exconsejero presidencial para la seguridad nacional Rafael Guarín Corinto, y el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el almirante en retiro Rodolfo Amaya, quienes defendieron al expresidente Duque de los señalamientos de Gustavo Petro.
“Frente a las informaciones que han circulado en medios de comunicación durante los últimos meses sobre una supuesta adquisición del software “Pegasus” por parte del Estado Colombiano, se ha establecido que no existen registros de dicha compra. Así lo han manifestado el Ministerio de Defensa y, más recientemente, la Dirección de Inteligencia de la Policía, confirmando que tampoco hay registros en el SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) ni en los gastos reservados”, se lee en la misiva.
Entretanto, con las revelaciones del actual jefe de Estado el país fue castigado con la suspensión del acceso a la plataforma de intercambio de información confidencial del Grupo Egmont, lo que ha generado serias preocupaciones sobre la capacidad del país para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Esta medida se tomó después de que el presidente Gustavo Petro revelara información no autorizada relacionada con una investigación sobre la supuesta adquisición del software espía Pegasus durante el mandato del expresidente Iván Duque.
El Grupo Egmont, una organización internacional que fomenta la cooperación y el intercambio de inteligencia entre 177 países, destacó en su comunicado la importancia de la “cooperación internacional” en la lucha contra el blanqueo de capitales y delitos asociados.
La organización destacó que su compromiso se basa en una “sólida base de confianza mutua” que asegura que las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) miembros cumplan con altos estándares de responsabilidad en la protección y confidencialidad de la inteligencia financiera intercambiada.
La confianza en Colombia se vio comprometida tras la divulgación de información por parte del presidente Petro, lo que llevó a la suspensión inmediata del acceso de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia a la red segura utilizada por el Grupo Egmont.
El software espía Pegasus ha sido objeto de controversia a nivel mundial debido a su uso para espiar a periodistas, activistas y políticos. La revelación de detalles sobre su adquisición durante el gobierno de Duque ha intensificado las tensiones políticas en Colombia y ha llevado a cuestionamientos sobre la transparencia y la seguridad de la información manejada por el gobierno actual.
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