
El ministro del Interior Juan Fernando Cristo intensificó sus esfuerzos para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, visitando los 170 municipios priorizados dentro del acuerdo.
En su visita a Putumayo, llevada a cabo el viernes 20 de septiembre, Cristo participó en el Encuentro Pdet de la Subregión Putumayo, donde se reunieron 306 líderes regionales para discutir y priorizar proyectos comunitarios financiados por el Gobierno nacional.
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El plan de choque para la implementación del Acuerdo de Paz, anunciado por Cristo, se centra en la firma de pactos territoriales que involucran diversas fuentes de financiación, como el Presupuesto General de la Nación (PGN), el Sistema General de Participaciones, el Sistema General de Regalías. y la cooperación internacional. Este plan busca focalizar y priorizar obras de mayor impacto en las regiones Pdet.
Desde que asumió el cargo, Cristo ha visitado diez zonas Pdet, alejándose de las discusiones en La Casa de Nariño y el Capitolio Nacional. Su objetivo es revivir la ejecución presupuestal en los municipios priorizados, afectados por la oposición del expresidente Iván Duque al acuerdo. “Lo que pasó fue que los colombianos eligieron a un gobierno cuyo propósito era hacer trizas el Acuerdo de Paz con las Farc”, afirmó Cristo durante su visita a Mocoa.

Las visitas a las zonas Pdet representan también un desafío para la gestión ministerial de Juan Fernando Cristo. A pesar de llevar solo tres meses en el cargo, se ha enfrentado a críticas por la falta de alineación con los discursos del presidente Gustavo Petro. El senador Humberto de la Calle señaló diferencias entre las declaraciones de Cristo y las del presidente, especialmente en temas como la constituyente.
En el Congreso, Juan Fernando Cristo encontró resistencia, especialmente del Centro Democrático, que no aceptó su invitación a dialogar. Además, enfrenta críticas internas por la falta de coherencia entre las conversaciones y los proyectos presentados. La relación con otros ministerios también ha sido compleja, como se evidencia cuando el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, presentó una reforma sin invitar al jefe de la cartera del Interior.
En Putumayo, los líderes comunitarios presentaron unas 50 propuestas, una cifra menor a los 3.000 proyectos iniciales, pero significativa para la región. En otras zonas, los asistentes presentaron varias decenas de propuestas, aunque no siempre coinciden con las expectativas del Gobierno nacional. La excepción fue en el Bajo Cauca, donde los habitantes de 13 municipios solicitaron maquinaria amarilla, lo que permitió al Ministerio avanzar en la obtención de fondos.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) dirigido por Alexander López señaló problemas en la ejecución de proyectos financiados con regalías, con 2.094 proyectos que incumpliendo obligaciones contractuales por 12 billones de pesos. Para evitar la repetición de estos problemas, el Gobierno cambió la forma de repartir los fondos, destinándolos por regiones. Cuenta Putumayo con 85.000 millones de pesos.
En la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final de Paz (Csivi), Cristo presentó el Plan de Choque para acelerar la implementación del acuerdo y poner al día los compromisos retrasados. La sesión, celebrada en la casa de Nariño, contó con la participación de delegados del Gobierno y de Comunes, el partido creado por excombatientes de las Farc.

El representante liberal de Putumayo Carlos Adolfo Ardila destacó la importancia de estos espacios para escuchar a la comunidad y conocer las prioridades en la implementación del Acuerdo de Paz. Ardila resaltó que Cristo ha planteado dos grandes líneas: implementar el Acuerdo y fomentar el diálogo entre diferentes sectores.
El alcalde de Puerto Asís Jorge García valoró la presencia del Gobierno y la escucha a los voceros y comunidades locales. Sin embargo, advirtió que es crucial que estas visitas se traduzcan en obras y presupuestos significativos para Putumayo, una región históricamente olvidada.
El desafío para Cristo será demostrar resultados concretos en la implementación del Acuerdo de Paz, de manera que al final del mandato de Petro, el Gobierno pueda mostrar proyectos ejecutados como evidencia de su compromiso con la paz más allá de los discursos.
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