En un contexto de creciente preocupación por la seguridad energética del país, 24 congresistas, entre ellos los representantes Juan Espinal, Miguel Polo Polo y Andrés Forero, presentaron una proposición formal al presidente Gustavo Petro y a otros altos funcionarios del sector energético.
Esta solicitud tiene como objetivo la firma de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos y la agilización de la aprobación de licencias ambientales para proyectos relacionados, ante la amenaza de una crisis energética que podría impactar a Colombia en 2025.
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“Se requiere aumentar la producción local de gas natural, que es fundamental para la vida cotidiana de 11 millones de hogares colombianos, de los sectores de transporte, la industria y el comercio”, indicó Juan Espinal, autor de la proposición que será sometida a votación en la plenaria en los próximos días.
El legislador enfatizó que la autosuficiencia energética es crucial para el bienestar del país, subrayando que, “no es negocio para nuestro país pasar a importar gas desde Venezuela, Estados Unidos o de Brasil. No es negocio para el país depender energéticamente de otro estado”.
La proposición también aborda la problemática que rodea el proyecto de exploración del pozo Uchuva 2, que fue suspendido por un fallo judicial. En el documento, los congresistas afirman que, “este fallo está negando la posibilidad de aprovechar el potencial para recuperar la autosuficiencia de gas en el mediano plazo”. Esta situación se presenta en un momento en que el desabastecimiento de gas se ha vuelto crítico, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la gestión actual del Gobierno en este sector.
La propuesta no solo aboga por la firma de nuevos contratos, sino que también exige la adopción de medidas jurídicas y técnicas necesarias para acelerar la aprobación de licencias ambientales en proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos. “Garantizar el abastecimiento del energético es fundamental para la vida cotidiana de los 37 millones de colombianos (12 millones de hogares), la industria, el comercio y el transporte del país”, reza la proposición, alineándose con las advertencias emitidas por asociaciones como la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) y Naturgas.
En medio de este contexto de crisis energética, la situación se ha visto exacerbada por la decisión de Ecopetrol de suspender temporalmente el suministro de gas vehicular a 13 empresas distribuidoras. Esta medida fue necesaria debido a una contingencia derivada de la escasez de lluvias, lo cual ha incrementado la necesidad de generación eléctrica a través de plantas termoeléctricas que utilizan gas como fuente de energía.
Empresas como Terpel, Alcanos, Efigas y Gases del Caribe, que tienen contratos de firmeza condicionada con Ecopetrol, se han visto afectadas. Estos contratos establecen que el suministro puede interrumpirse en casos de contingencia, como el que atraviesa actualmente el país. La disminución de precipitaciones ha impactado los niveles de agua en los embalses, reduciendo así la capacidad de generación hidroeléctrica y aumentando la dependencia de las termoeléctricas, lo que ha generado una alta demanda de gas.
Espinal, junto con otros congresistas, ha expresado la urgencia de levantar la suspensión del pozo Uchuva 2, argumentando que la seguridad energética del país está en riesgo. “Presidente Gustavo Petro, no juegue con la seguridad energética del país”, instó. Esta declaración resuena en un momento en el que la necesidad de tomar decisiones rápidas y efectivas se vuelve imperativa.
Por su parte, Ecopetrol ha defendido su decisión, explicando que los contratos de firmeza condicionada se establecen para garantizar el suministro de gas a un volumen máximo durante un periodo específico, siempre que no existan condiciones que amenacen la disponibilidad del recurso. La actual crisis ha activado estas condiciones, permitiendo a la empresa priorizar el suministro a áreas más críticas, como la generación eléctrica.
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