El martes 10 de septiembre de 2024, el ganadero Esteban Urueta se dirigía, junto a dos de sus empleados, a una finca ubicada en el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, cuando fue asesinado por uno de sus trabajadores que horas más tarde confesó el crimen.
La identidad del autor material del asesinato la confirmó el alcalde del municipio, Alejandro Mejía, que a través de una entrevista con la emisora Blu Radio, aseguró que el presunto responsable sería el administrador de la finca, motivado por una pérdida de ganado.
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“Lastimosamente, todas las investigaciones apuntan a que fue el administrador de la finca y estaría relacionado con la pérdida de un ganado. Él mismo se entregó, quizá por la presión de los hechos y porque el despliegue de la fuerza pública fue grande”, explicó el burgomaestre.
El problema fue que, aunque se logró la identificación de los presuntos asesinos como Cristian Petro y Juan Soto, que confesaron el crimen bajo la custodia del Gaula de la Policía en la mañana del miércoles 11 de septiembre, estos no fueron llevados a la cárcel por falta de una orden judicial.
Por tal motivo, la Comisión de Disciplina Judicial envió una misiva a José Adolfo González Pérez, presidente de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba, en la que se refirió a los hechos y a la falta de claridad sobre las razones por las que los confesos homicidas fueron dejados en libertad.
Con fecha del 16 de septiembre de 2024, la Corporación solicitó que se repare de manera inmediata las acciones por las que los Petro y Soto quedaron en libertad, según la comunicación, por las posibles irregularidades en su captura.
“Esta Corporación tuvo conocimiento de la noticia publicada por diferentes medios de comunicación y de la red social X, de posibles irregularidades en la captura de los presuntos asesinos del ganadero Esteban Urueta y del actuar del abogado de estos, que impiden la pronta y oportuna administración de justicia; por lo que debe procederse de manera inmediata al reparo”.
Por qué no fueron capturados
De acuerdo con la información que se conoció, el viernes 13 de septiembre, tres días después del asesinato, un juez con funciones de control de garantías emitió las órdenes de captura que se necesitaban para retener a los presuntos homicidas, pero ninguno de los dos hombres seguían bajo la custodia de las autoridades.
En ese momento, se conoció que tanto Petro como Soto habían sido liberados por fallos en el procedimiento judicial, lo que generó incomodidad y descontento en los familiares de las víctimas.
Aparecieron torturados y quemados
El jueves 12 de septiembre de 2024, se confirmó que los cuerpos de Esteban Urueta y sus dos acompañantes fueron encontrados por las autoridades en la vereda Bellavista, zona rural de Ciénaga de Oro, con signos de tortura y quemados.
El anuncio lo hizo el José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, que dio a conocer que Urueta fue torturado, mientras que sus dos acompañantes, identificados como Gerardo de los Santos Marzola y Fredys Manuel Beleño Acosta, fueron quemados.
A través de una publicación en su cuenta de X, Lafourie aseguró que, según los primeros indicios, el homicidio estaría relacionado con un robo de 700 cabezas de animales, por lo que se relacionó a Cristian Petro, administrador de la finca, como el presunto autor del crimen.
“Hoy nos despertamos con la pesadilla que este empresario exitoso de Sucre fue presuntamente asesinado por Cristian Petro quien le tenía un ganado al partir con un faltante de 700 animales. Además de ladrón asesino. Sus dos compañeros fueron quemados”, aseguró el presidente de Fedegan.
Por lo tanto, desde la Gobernación de Córdoba se ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para las personas que proporcionen información sobre el paradero de Petro y Soto.
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