En el Congreso Confecámaras 2024, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, se refirió al anuncio realizado por el Gobierno nacional de interferir la empresa Air-e, que ofrece la energía en los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena.
El contralor detalló que el 2 de septiembre de 2024 advirtió que diez millones de personas podrían quedarse sin energía en la región Caribe. Rodríguez reiteró que la advertencia sigue vigente.
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“Si el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas, así como las demás entidades competentes, como la Creg y la Superintendencia de Servicios Públicos, no toman las medidas y decisiones pertinentes, la situación financiera de los prestadores puede generar una inminente cesación en la prestación del servicio de energía, perjudicándose los usuarios, el desarrollo económico del país, en especial en toda la Costa Caribe y por ende, los ingresos al presupuesto nacional derivados de diferentes conceptos”, indicó Rodríguez.
A pesar de que el contralor calificó la situación de la energía como una situación complicada, afirmó que no se están tomando “medidas concretas”.
“Tan es así que hoy Air-e, que presta energía para una importante zona de la costa Atlántica, está en intervención, lo que se puede presentar en otras empresas como Afinia, en la costa Atlántica, y que puede afectar a otras empresas, como EPM y las finanzas de Medellín y Antioquia, que un altísimo porcentaje depende en su desarrollo de este tipo de recursos transferidos por este concepto”, indicó.
En el Congreso Confecámaras 2024 explicó que la intervención por parte del Gobierno nacional podría salir muy costosa. Según el contralor, podría salir en 4 billones de pesos al año, las cuales según el “corresponde al déficit de operación de Air-e y Afinia para solventar no solo su operación sino las inversiones y garantizar la atención de la demanda con confiabilidad”.
Y detalló: “La Nación no cuenta con los recursos necesarios, prueba de ello es el atraso en el giro de los subsidios y el no compromiso de cumplir la deuda”.
El jefe del órgano de control afirmó que se requieren medidas urgentes para cumplir el objetivo que pretende el Estado, que es garantizar el acceso a servicios públicos.
“Se tendrá que actuar para garantizar el servicio a los usuarios y dar garantías a los prestadores (...) La posible intervención de las compañías puede darse no solo en la Región Caribe, sino a nivel nacional y comprende, además un riesgo para otros servicios como el de gas, que en el caso de la Costa Caribe afectaría a más de 10 millones de habitantes, con el riesgo sistémico que esto comporta”, indicó Rodríguez.
Por último, Carlos Hernán Rodríguez, hizo un llamado a los Ministerios y a las superintendencias involucradas, con el propósito de “que se adopten las medidas con carácter urgente para prevenir y solventar las afectaciones en la prestación del servicio público y evitar el riesgo sistémico sobre el sistema a nivel nacional”.
Carlos Diago, ingeniero eléctrico, y con bastante trayectoria en el sector, será oficialmente el agente interventor de la empresa Air-e.
En entrevista con Blu Radio, Diago explicó los pasos que llevará para remediar la situación de la empresa y preservar el servicio de energía en los departamentos de Atlántico, Guajira y Magdalena.
“Hay obligaciones pendientes con proveedores y contratistas, por lo que se tomarán recursos del fondo empresarial que se usa para este tipo de contingencias”, indicó Carlos Diago.
De acuerdo con el interventor, la primera fase de proyecto contempla una revisión profunda de las finanzas de la empresa durante el último trimestre de 2024. Después de ese tiempo estipulado, se tomarán decisiones estructurales, específicamente en el sistema financiero y operatividad.
Carlos Diago anunció que se destinarán los recursos que sean necesarios para asegurar la prestación del servicio en la región. “Se emitirá un decreto que nos permita tener tiempo y oportunidad para tomar las riendas de la empresa”, indicó el interventor.
El ingeniero eléctrico aseguró que a través del fondo empresarial gestionado por la Superintendencia de Servicios Públicos, se podrá determinar cuánto necesita Air-e para seguir operando en estado de emergencia. Sin embargo, precisó que no busca agotar el citado fondo. “Es un recurso nacional, y la idea no es dilapidarlo en Air-e”, aseveró.
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