El 4 de agosto de 2024, el presidente Gustavo Petro en una alocución se refirió a la supuesta adquisición de un programa de espionaje durante el estallido social de 2021. Según el jefe de Estado, el programa habría tenido un costo de 11 millones de dólares, los cuales 5,5 millones de dólares habrían sido entregados en efectivo.
A través de un comunicado, funcionarios expresaron su preocupación ante la posible existencia del programa, y sobre quienes podrían estar detrás del uso del supuesto programa.
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Así las cosas, los funcionarios le solicitaron a la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Nacional de Inteligencia, (DNI), el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, (TIC), que adelanten las investigaciones correspondientes y activen los protocolos de seguridad para salvaguardar la información.
“Mientras no se tenga plena información sobre el uso y los intereses que sirve este programa espía, nos consideramos sujetos de posible espionaje ilegal, un riesgo que atenta contra nuestros derechos y, en especial, contra la seguridad y soberanía del Estado colombiano”, se lee en el comunicado.
En la firma del documento destacan los nombres del ministro de Cultura, Juan David Correa; el director de la Dian, Orlando Villabona; el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal; la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque; entre otros.
- Ricardo Bonilla: ministro de Hacienda
- Orlando Villabona: director de la Dian
- Juan David Correa: ministro de Cultura
- Jorge Rojas: viceministro de Relaciones Exteriores
- Luis Carlos Leal: superintendente de Salud
- Milton Rengifo: embajador de Colombia en Venezuela
- Cielo Rusinque: superintendente de Industria y Comercio
- Andrés Idárraga: secretario de Transparencia de la Presidencia
- Álvaro Balcázar: gerente de Fontur
- Gustavo Carrión: director del Sistema Nacional Ambiental
- Andrés López: asesor de Comunicaciones - Presidencia
- Giovanni Yule: subdirector General de la Unidad de Restitución de Tierras
Servidores públicos también hicieron un llamado al pueblo colombiano para que se unan en la defensa de la institucionalidad, la democracia y la seguridad nacional.
Gustavo Petro se ratifica en su denuncia
El presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X aseguró que su denuncia dicha en la alocución va más allá de tomar represalias en contra de la oposición.
“Los hechos alrededor del software “Pegasus” en Colombia son delictivos. Delitos de funcionarios públicos en medio de un estallido social donde desaparecieron decenas de jóvenes líderes de barrios. Esto no es un simple hecho comunicacional”, indicó el mandatario
El jefe de Estado también pidió categorizar el presunto hallazgo del software como un acto criminal. “Son actividades ilegales hechas dentro del estado que terminan con el asesinato y la desaparición de muchos jóvenes en las ciudades del país”, aseveró
Investigación de la Fiscalía
Ante las declaraciones del presidente Petro, la Fiscalía General de la Nación anunció una investigación sobre la presunta adquisición ilegal del software espía Pegasus durante el Gobierno de Iván Duque.
El proceso tiene como objetivo esclarecer las denuncias presentadas por Gustavo Petro, quien afirmó que dicho software fue empleado para realizar interceptaciones y actos de espionaje durante el paro nacional de 2021.
“En virtud de la conexión entre estas recientes denuncias, la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia activó dichas averiguaciones en el marco de la indagación abierta el pasado mes de junio, por presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a magistrados y empleados de altas corporaciones de Justicia”, señaló la Fiscalía en un comunicado.
El ente acusador busca determinar varios aspectos críticos, entre ellos si la Dirección Nacional de la Policía (Dipol) adquirió legalmente el software espía israelí de NSO Group, el origen del dinero utilizado para su compra, el proceso de traslado del efectivo desde Colombia a Israel, y verificar si esta información fue efectivamente entregada a la Uiaf.
Las investigaciones pretenden establecer si el programa Pegasus sigue activo en la Policía Nacional y bajo qué justificaciones judiciales podría haberse implementado y utilizado. El objetivo es identificar e individualizar a los posibles responsables de la adquisición y uso ilegal del software espía.
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