La denuncia del presidente de la República, Gustavo Petro, en la alocución del 4 de septiembre de 2024, de que supuestamente en el gobierno de Iván Duque se compró el software espía Pegasus de manera ilegal, generó controversia en el sector político colombiano.
“La Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) compró en efectivo, por 11 millones de dólares a una empresa israelí, un software para espiar celulares, en medio del estallido social y antes de las campañas”, señaló el primer mandatario.
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La información que entregó del primer mandatario no sentó bien en pleno paro de trasportadores de carga que derivó en afectaciones en las vías estratégicas de las principales ciudades del territorio nacional.
En respuesta a las críticas hacia el presidente Petro, uno de sus más fieles seguidores, el director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, volvió a defender al jefe de Estado. En su cuenta de X realizó una publicación en la que aseguraba que la denuncia expuesta en la alocución presidencial era de suma importancia para el país.
A su vez, sostuvo que es necesario avanzar en las investigaciones respectivas, ya que implica violaciones a la privacidad y el seguimiento ilegal de personas. Igualmente, envió un mensaje a los opositores del Gobierno nacional, que consideran irrelevantes las chuzadas en el gobierno Duque con un software comprado clandestinamente y corruptamente.
“Por su odio a Petro quieren tapar su gravedad. Le hacen el juego al uribismo que reincide en esta abominable práctica. Tibios con la maldad, duros con la verdad”, se puede leer en el trino.
Críticas de la oposición a la denuncia del presidente Petro
Para la oposición, la afirmación del jefe de Estado se trató de una cortina de humo para no responsabilizarse de la crisis de movilidad por el alza en el valor del galón del diésel en $1.904, incrementando el costo promedio del combustible a $11.360 por galón.
El senador Carlos Motoa, del Partido Cambio Radical, dijo que el presidente desvió la atención de los colombianos, “con una alocución en la que habló de interceptaciones ilegales, el Estado de Israel y un software de espionaje que no guardan relación con la crisis de orden público actual. ¿Pretende restar importancia a las movilizaciones u ocultar que ha sido incapaz de lograr un acuerdo? Interrumpir televisión nacional para hablar de teorías de la conspiración no es serio”.
En la misma línea, la senadora Paloma Valencia del Partido Centro Democrático, señaló que “la alocución fue un mecanismo para evadir de la responsabilidad frente al paro que sufre toda Colombia; y ocuparse de una denuncia que se conoció en marzo y que su propio Ministro de Defensa había desestimado”.
A su turno, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, dijo “¿a quién creer? Hace más de 4 meses el Ministerio de Defensa afirmaba que no existía evidencia del software Pegasus, pero sale Petro con un refrito para distraer la atención. Hoy el país necesita soluciones, no teorías de conspiración”.
No es la primera vez que se habla de una compra del criticado software de interceptación por el Estado. En marzo de este año, el mismo Ministerio de Defensa, bajo la administración de Petro, desmintió la compra de Pegasus por su cartera, en la que está adscrita la Policía Nacional.
En un comunicado, la cartera señaló: “Una vez verificada la base de datos para las compras estratégicas, administrada por la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), se estableció que en el lapso comprendido del año 2020 a la fecha, no se suscribieron contratos entre el MDN y la empresa israelí NSO GROUP para la compra del software Pegasus”, se lee en la misiva.
Entre tanto, Iván Cepeda, senador del oficialista Pacto Histórico, dijo que “es evidente que la información sobre una más de las operaciones de espionaje contra la oposición bajo el anterior gobierno genera responsabilidades penales. Estudiaremos esa información para denunciar penalmente al expresidente Iván Duque”, indicó.
El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, indicó que “gobierno Duque ‘Chuzador’. Por lo menos condenaron a varios funcionarios del gobierno de Uribe. La Fiscalía y/o la Corte Suprema deben llegar hasta las últimas consecuencias”.
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