El reciente aumento en el precio del diésel en Colombia generó un fuerte debate entre los actores del sector transporte y el gobierno, con implicaciones que van más allá de los costos directos del combustible. La decisión del Ministerio de Hacienda, que elevó el precio del diésel en $1.904 por galón, fue recibida con inquietud por parte de los transportadores de carga, quienes afirman que la medida no fue debidamente concertada.
A partir del 31 de agosto, el precio promedio del diésel se situará en $11.360 por galón, lo que encendió las alarmas entre los gremios que advierten sobre las consecuencias económicas de este aumento.
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El presidente de la República, Gustavo Petro, no tardó en defender el ajuste, señalando que la actividad económica del transporte de carga en el país fue dominada por grandes corporaciones que, según él, imponen el valor de los fletes y relegaron a los transportadores a ser “obreros a sueldo”. Este comentario generó preocupación en el gremio, especialmente en figuras como Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, quien manifestó su desilusión ante lo que percibe como un ataque directo a su sector.
El presidente Gustavo Petro argumentó que mantener el precio del diésel congelado genera una deuda que perjudica a las personas más vulnerables. “No podemos sostener el precio del diésel congelado porque la deuda que se acumula termina afectando a los más pobres, quienes pierden recursos vitales para combatir el hambre y recibir educación”, expresó el mandatario.
Además, Petro lanzó críticas hacia el uribismo, señalando que existe una “gran influencia uribista en las directivas de las grandes empresas de camioneros” y acusándolos de incitar a los transportadores a detenerse en las carreteras con el fin de desestabilizar su Gobierno, intentando replicar el golpe de Estado que sufrió Salvador Allende en Chile. En este contexto, añadió que “los pobres no deben ser sacrificados”, como, según él, hizo el expresidente Duque con el precio de la gasolina.
Los transportadores ahora enfrentan el reto de trasladar el aumento del costo del combustible a los generadores de carga, como las grandes empresas que requieren el transporte de productos a lo largo del país. Sin embargo, la tarea no será sencilla. Según Cárdenas, el desafío radica en convencer a estas empresas de aceptar un incremento del 9% en los fletes, un ajuste que Fedetranscarga considera necesario para compensar el alza en el precio del diésel.
La preocupación no solo se limita a los costos operativos. Alfonso Medrano, representante de la Red Unidos, advirtió sobre las dos posibles rutas que puede tomar el sector. Si los generadores de carga aceptan el aumento en los fletes, esto podría traducirse en un incremento generalizado en los precios de la canasta básica, impulsando la inflación y afectando a millones de colombianos.
Por otro lado, si las empresas no reconocen el nuevo precio del diésel en sus estructuras de costos, el sector se enfrenta a una posible ola de quiebras, especialmente entre los pequeños transportadores, quienes constituyen el eslabón más vulnerable de la cadena.
Durante las negociaciones, los transportadores habían propuesto una alternativa conocida como el Precio Colombia, argumentando que gran parte del ACPM consumido en el país es de producción nacional. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por el gobierno, lo que dejó a los transportadores en una posición difícil. Cárdenas lamentó que, a pesar de sus esfuerzos para mitigar los efectos de esta decisión, el aumento se haya concretado, y dejó claro que no se les puede culpar a ellos por las posibles consecuencias en los precios de los productos básicos.
La situación plantea un escenario complicado para el sector del transporte en Colombia, con implicaciones económicas que podrían repercutir en toda la población. El incremento en el precio del diésel, lejos de ser un simple ajuste en los costos operativos, se convirtió en un punto de tensión entre el gobierno y un sector clave para la economía del país.
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