El controvertido impuesto de valorización ha vuelto al centro de la discusión pública tras una reunión técnica entre congresistas de la bancada caribe y la ministra de Transporte, María Constanza García, según información obtenida por la emisora colombiana Blu Radio.
Durante el encuentro, se abordó el cronograma para la implementación de este cobro que afectará a los predios cercanos a la Circunvalar de la Prosperidad y la Vía al Mar, que conecta Barranquilla con Cartagena.
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Según lo expuesto por la ministra, los primeros cobros de este impuesto comenzarán en marzo o abril de 2025. Cabe destacar que 150.000 predios estarán exentos de este tributo, especialmente aquellos pertenecientes a estratos 1, 2 y 3, así como las unidades agrícolas familiares y los incluidos en el Sisbén A y B.
El senador Pedro Flórez resaltó un aspecto positivo del proyecto al señalar que “la totalidad de los recursos recaudados serán invertidos para el progreso y desarrollo de la región Caribe”. Según Flórez, esto implica un trabajo conjunto con los gobernadores para definir los proyectos que serán incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
A pesar de estos avances, la reunión estuvo marcada por el descontento de varios congresistas. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, expresó una “insatisfacción absoluta” respecto a este cobro, calificándolo de “ilegal” y criticando la falta de un “proceso de concertación con las comunidades de Atlántico y Bolívar”.
En su cuenta de X, antiguamente Twitter, Cepeda calificó el proyecto como “antitécnico, antijurídico e injustificado”, argumentando que “más del 65% de la vía no es de doble calzada”, lo que, según él, viola el principio constitucional de no retroactividad en materia tributaria.
El descontento no se limitó a Cepeda. El senador Mauricio Gómez Amín abandonó la reunión visiblemente molesto tras una discusión con la ministra García, y anunció que interpondrá una demanda para frenar este cobro.
Por su parte, el senador Carlos Meisel expresó su desacuerdo afirmando que el inicio de los cobros en marzo no representa ningún alivio, y que el proyecto sigue siendo “totalmente nocivo” y muestra un “desconocimiento profundo de nuestras regiones y territorios”. Meisel reiteró su compromiso de continuar con la acción popular que ha iniciado para detener la implementación de este impuesto.
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Según el cronograma presentado por el Gobierno, la socialización del proyecto en las distintas regiones se llevará a cabo entre el 16 y el 27 de septiembre, en eventos programados en Cartagena-Santa Catalina, Barranquilla-Puerto Colombia, Juan de Acosta-Piojó-Tubará y Galapa-Malambo-Soledad. Estas jornadas buscan informar y recoger las opiniones de las comunidades afectadas por el impuesto de valorización, aunque las críticas hasta ahora sugieren que la oposición al proyecto seguirá siendo intensa.
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