Luego de que entrara en vigor el Decreto 1047 de 2024, el cual prohíbe la exportación de carbón colombiano hacia Israel, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) emitió un análisis exhaustivo sobre las repercusiones económicas que esta decisión tendrá en el país. La medida suscitó controversias no solo por su impacto financiero, también por su presunta inconstitucionalidad, dado que, según la ACM, contraviene el Plan Nacional de Desarrollo y los Tratados de Libre Comercio (TLC) que Colombia suscribió.
El decreto establece que Colombia dejará de exportar el 5% de su producción total de carbón, cifra que, basándose en los datos de 2023, equivale a una pérdida de ingresos por 447 millones de dólares. En términos fiscales, la reducción se traduce en un recorte de 650.000 millones de pesos para el Estado, afectando especialmente a los departamentos de La Guajira y Cesar.
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Según los cálculos de la ACM, cada uno de estos departamentos dejará de recibir 100.000 millones de pesos, lo que podría tener un impacto devastador en sus economías locales, que dependen en gran medida de las regalías generadas por la minería.
Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, expresó su preocupación por las implicaciones de esta medida, asegurandoque “el argumento de moral pública no puede ser utilizado para justificar decisiones desproporcionadas e inadecuadas que afectan gravemente la economía del país y el bienestar de las regiones. Esta medida debilita la confianza en los compromisos internacionales de Colombia y aumenta la incertidumbre para la inversión”. Nariño señaló que el decreto no solo erosiona la estabilidad económica, también pone en riesgo la seguridad jurídica de las empresas que operan en el país.
La ACM calificó el decreto de inconstitucional, ya que considera que transgrede los artículos 150 y 189 de la Constitución Política. Estos artículos regulan las competencias del Congreso y del Presidente en materia de comercio exterior y tratados internacionales.
Además, la medida impacta directamente en el Plan Nacional de Desarrollo, un documento que establece las prioridades económicas y sociales del país, y podría generar conflictos con varios Tratados de Libre Comercio, particularmente aquellos firmados con Suiza y Estados Unidos. Estos acuerdos incluyen disposiciones que protegen las exportaciones de empresas colombianas, incluyendo las de carbón, y establecen que las restricciones comerciales solo pueden aplicarse en circunstancias muy específicas.
Otro aspecto crítico señalado por la ACM es la falta de consulta con la ciudadanía y los grupos de interés antes de la firma del decreto. “La firma de este Decreto refleja que el Gobierno no tiene en cuenta los comentarios de la ciudadanía y los grupos de interés, lo cual es preocupante en una democracia que debe fortalecer la participación efectiva”, declaró Nariño, señalando la importancia de la participación ciudadana en las decisiones que afectan a sectores clave de la economía.
La asociación también destacó el papel crucial que juega la industria del carbón en la economía colombiana, especialmente en un momento en que el país busca reactivarse tras los efectos de la pandemia. Según la ACM, el aporte fiscal del carbón es significativo, representando el 31% de lo que el sector TIC genera en renta, o el 20% de lo que contribuye el sector constructor. La decisión del gobierno de prohibir las exportaciones de carbón a Israel podría, por lo tanto, frenar uno de los motores económicos más importantes del país.
Ante este panorama, la ACM solicitó al gobierno que reevalúe la medida, argumentando que podría tener consecuencias graves no solo para la industria minera, también para la economía en general. La asociación insiste en la necesidad de mantener un entorno de negocios estable y predecible para asegurar la confianza de los inversionistas y el crecimiento económico sostenible.
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