La carta enviada por John Alberto Maya Salazar, gerente general de EPM, a la junta directiva de ISA por la elección de Jorge Carrillo como nuevo presidente de la compañía de transmisión de energía eléctrica, señaló que la filial de Ecopetrol podría haber vulnerado lo estipulado por el Foreign Corruption Practices Act (Fcpa), o también conocida como la ley de prácticas corruptas en el extranjero.
La Fcpa tiene como objetivo principal prevenir y sancionar la corrupción internacional, manteniendo altos estándares de ética empresarial y transparencia. De esta manera, contribuye a la creación de un ambiente de negocios más limpio y justo, protegiendo tanto a los inversionistas como a las economías globales.
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Justamente, EPM solicitó a ISA que informara si, al momento de tomar la decisión sobre Carrillo, se tuvieron en cuenta los estatutos internacionales, teniendo en cuenta que la filial también tiene operaciones en el extranjero y su violación podría acarrear millonarias multas.
“Si durante el proceso de selección se han tenido en cuenta los elementos del Foreign Corruption Practices Act de los Estados Unidos, el que existen riesgos de incumplimiento del mismo en caso de indicios de prácticas corruptas, teniendo en cuenta que existen denuncias en diferentes entes de control en Colombia contra el designado presidente. El cumplimiento de esta ley es esencial para la integridad y sostenibilidad de las operaciones nacionales e internacionales de la empresa”, señala la misiva.
Las sanciones económicas y penales estipuladas por la Fcpa pueden ser severas para aquellos que incumplen. Las empresas se enfrentan a multas de hasta dos millones de dólares, mientras que los funcionarios, empleados y directores podrían enfrentar multas que ascienden a 100.000 dólares y hasta cinco años de prisión.
De hecho, el Fcpa estipula que las empresas cotizadas en su mercado no pueden asociarse con individuos implicados en actos de corrupción, con el objetivo de proteger los intereses de los inversionistas estadounidenses en compañías como ISA, por lo que otorga una cláusula de salida de sus participaciones si el directivo es vinculado formalmente a investigaciones por corrupción.
Fuentes de Caracol Radio informaron que esta situación genera incertidumbre sobre el futuro de Carrillo, especialmente tras denuncias de irregularidades durante su gestión en Empresas Públicas de Medellín (EPM) bajo la administración de Daniel Quintero Calle.
Aunque Carrillo no tiene procesos abiertos formalmente en la Procuraduría General de la Nación, las contralorías General y Distrital, la Personería de Medellín, ni en la Fiscalía General de la Nación, se han registrado al menos cinco denuncias e indagaciones previas, además de tres quejas en dos superintendencias.
Durante su administración en EPM, Carrillo fue acusado de intentar reemplazar al consorcio constructor del proyecto Hidroituango mediante una nueva licitación que supuestamente favorecería a empresas chinas. La primera licitación, abierta en marzo de 2022, únicamente recibió propuestas de las firmas Yellow River y Schrader Camargo, lo cual fue señalado por irregularidades, resultando en la intervención de la Procuraduría y la declaración de desierta de la licitación por parte de EPM.
En la subsecuente licitación, el contrato fue adjudicado al mismo consorcio (Yellow River y Schrader Camargo) a pesar de su menor experiencia acreditada. Además, los pliegos fueron modificados para favorecer a los oferentes, según denunció la Cámara Colombiana de la Infraestructura.
Otra controversia gira en torno a un contrato de Emvarias, compañía vinculada a EPM, relacionado con la adquisición de vehículos para la recolección de residuos sólidos. Este contrato ascendió a $251.000 millones y se firmó sin tener en cuenta las advertencias técnicas y financieras de los empleados de Emvarias sobre la inviabilidad de un modelo de cargue lateral. La nueva administración de EPM terminó revirtiendo el contrato tras descubrir fallas en la entrega de pólizas y documentación.
Además, en mayo de 2023, Federico Gutiérrez, actual alcalde de Medellín, acusó a Carrillo de supuestamente vender por ocho millones de dólares la gerencia de Afinia, una filial de EPM encargada del servicio de energía en Córdoba, Sucre, y Bolívar. Se implicó en las negociaciones a William de Jesús Ortega Rojas y Fredy Esteban Restrepo Taborda, exsecretario de gobierno.
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