La Comisión Interinstitucional de la rama judicial y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se pronunciaron sobre el posible plan para atentar contra el Palacio de Justicia que se descubrió luego de que las autoridades encontraran material bélico y una maqueta de las instalaciones del recinto en dos inmuebles ubicados al sur de Bogotá. Mediante un comunicado, rechazaron cualquier acto que ponga en riesgo la integridad de los servidores públicos judiciales, así como la autonomía de la justicia.
El pronunciamiento corresponde a los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra; de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes; del Consejo de Estado, Milton Chaves García; la del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Alexandra Remolina Botía. También incluye a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, a representantes de funcionarios y empleados de la rama judicial, y a magistrados y magistradas.
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“Los presidentes de las Altas Cortes coordinamos con las autoridades de seguridad las acciones de refuerzo y protección a las instalaciones del Palacio de Justicia y a todos los (as) servidores judiciales que allí laboran. Asimismo, prestamos toda la colaboración y apoyo para que las investigaciones transcurran de manera célere y efectiva (...). Este es un asunto de Seguridad Nacional”, se lee en el comunicado.
El presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, también se pronunció sobre los hallazgos de las autoridades, expresando su preocupación por la seguridad de los magistrados y funcionarios que trabajan en el lugar. Por eso, pidió que se fortaleciera la seguridad a los alrededores.
“Creo que es necesario reforzar la seguridad a las edificaciones vecinas, al Congreso de la República, el Capitolio Nacional, las oficinas de los congresistas y el Palacio Liévano. Las alarmas están prendidas y por supuesto pido a los cuerpos de seguridad del Estado actuar con suma celeridad”, aseveró el funcionario en un video publicado en sus redes sociales.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, sostuvo que desde el primer momento en que se supo sobre una posible amenaza a la integridad de las personas que entran al recinto, la Policía Nacional y el Ejército Nacional se encargaron de proteger el perímetro. Se instalaron sistemas de vigilancia avanzados, se dispuso de la utilización de drones para monitorear la zona y llegaron equipos antiexplosivos.
Gracias a la actuación de las autoridades, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, confirmó en una rueda de prensa que los magistrados seguirían sesionando sin problemas y en total “tranquilidad” dentro de las instalaciones.
Por su parte, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, advirtió que lo sucedido no puede pasar al olvido ni descuidarse, teniendo en cuenta que existe un antecedente de violencia en el sitio: la toma del Palacio de Justicia, perpetrada por la extinta guerrilla del M-19 en 1985, y que dejó un saldo de más de 90 muertos, entre servidores judiciales, trabajadores, transeúntes, visitantes y actores armados ilegales, además de varios desaparecidos.
“Esto sucedió igual en la toma del Palacio, estaban alertados todos los órganos de seguridad y se hizo caso omiso”, afirmó la jefa de cartera en el VI Precongreso de Derecho Procesal llevado a cabo en Yopal (Casanare).
La gravedad de la situación llevó a la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal a criticar al Gobierno del presidente Gustavo Petro y su política de Paz Total. “¿Hará falta alguna otra prueba de cómo el terrorismo ha ganado terreno con la excusa de la “paz total”? Hay que defender y preservar las instituciones, hoy amenazadas como en 1985 cuando los guerrilleros socios de Pablo Escobar arrasaron con la Honorable Corte Suprema. ¡Más que nunca firmes con Colombia!”, escribió la congresista.
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