El Consejo de Reincorporación de Comunes, la organización que representa a los excombatientes de las FARC, quien denunció el incumplimiento de la ARN en la entrega de las asignaciones mensuales a las familias de los excombatientes asesinados, de acuerdo con información obtenida por la emisora W Radio.
El Consejo expresó preocupación por la decisión de limitar a 36 meses el periodo de entrega de la renta mensual a las parejas e hijos de estos excombatientes, lo que genera incertidumbre entre las familias afectadas.
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Por lo anterior, La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha citado a declarar el próximo 21 de agosto a Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), y a Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
La citación tiene como objetivo conocer el avance de los programas de atención dirigidos a los excombatientes de las FARC y a sus familias, en un proceso de seguimiento por parte de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP.
Alejandra Miller deberá presentar un informe detallado tanto por escrito como en la audiencia, sobre la estrategia y las acciones implementadas para acompañar a los excombatientes de las FARC que han abandonado los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) debido a amenazas de grupos armados.
Además, tendrá que informar sobre el estado de los proyectos productivos de estos excombatientes y el cumplimiento en el pago de la renta básica y los auxilios funerarios a las familias de aquellos que han sido asesinados.
Por su parte, Astrid Cáceres será interrogada sobre la colaboración entre el ICBF y la ARN en la atención a los excombatientes que han dejado los ETCR y el estado de los servicios educativos brindados a los hijos de estos exguerrilleros. Según la JEP, la asistencia de ambas funcionarias es obligatoria y deberán permanecer presentes durante toda la audiencia.
La audiencia programada busca clarificar estos asuntos y asegurar que los procesos de reincorporación se desarrollen conforme a lo acordado.
Víctimas del conflicto armado aseguran que las Farc mintieron a la JEP
La Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol) solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizar una investigación a los miembros del último secretariado de la extinta guerrilla de las Farc, por ocultar información relevante sobre el conflicto armado.
Según la organización que representa los intereses de los afectados por este grupo armado, Rodrigo Londoño y los senadores Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo, no reportaron ciertos bienes que tenían las Farc avaluados en un valor cercano a los 100.000 millones de pesos.
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En ese sentido, Fevcol señaló que en el inventario de los bienes del grupo armado ilegal que hizo entrega a la Misión de Naciones Unidas y al Mecanismo de Monitoreo y Verificación y al Gobierno nacional estaban “contemplados 722 bienes inmuebles, $12.000 millones en efectivo, USD 450.000, alrededor de 440.000 gramos de oro y 24.000 semovientes o cabezas de ganado”.
El documento radicado por las víctimas ante la JEP indica que la cúpula de las Farc entregó 50.000 elementos correspondientes a muebles y enseres, al igual que vehículos y joyas que obtuvo la guerrilla durante los 50 años de conflicto armado contra el Estado colombiano. El valor total estimado de los bienes entregados rondaría el billón de pesos.
“Sin embargo, el Gobierno ha dicho que de eso solo es monetizable efectivamente medio billón de pesos ($500.000 millones), pues entre lo incluido por las Farc hay cosas que no se pueden comercializar”.
El escrito puntualiza que existe un auto de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la jurisdicción sobre los bienes de las Farc, en el que se presentaron incongruencias entre las versiones, el testimonio de Rodrigo Londoño y, en particular, el de Pastor Alape, líder del Partido Comunes, que no corresponden a la versión dada por los otros firmantes del Acuerdo de Paz.
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