No paran los líos para Colpensiones y su presidente, Jaime Dussán, por los presuntos malos manejos administrativos que estaría teniendo la entidad, justo cuando el Congreso de la República aprobó la reforma pensional que obliga a casi el 90% de los colombianos que cotizan a afiliarse al fondo público.
En la mañana del martes 6 de agosto, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia informó que interpuso una denuncia contra el fondo de pensiones ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General, por supuestas irregularidades en los contratos asignados por la entidad para su funcionamiento.
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“Hemos encontrado más de 226 mil millones de pesos en posibles sobrecostos en Colpensiones, lo cual nos lleva a presentar una denuncia ante la Procuraduría y la Contraloría”, señaló la congresista.
La denuncia contiene detalle de, al menos, 18 contratos que tendrían sobrecostos y que incluyen los servicios del contact center, además del suministro de terminales de acceso, cánones de arrendamiento, indemnizaciones por despidos y hasta publicidad.
“Se ha hecho referencia a dieciocho (18) presuntos casos de sobrecostos y/o despilfarros de recursos de la entidad, incluyendo contratos y otrosíes para prestación de servicios de ‘Contact Center’ y conectividad, suministro de terminales de acceso y trabajadores en misión, aumento de nómina, alquiler de sede, publicidad, indemnizaciones por despidos, sistemas de información y operadores logísticos, además de concursos con ganadores vaticinados”, señaló la Valencia en un comunicado.
En la querella interpuesta ante los organismos de control, la congresista del Centro Democrático señaló que Colpensiones no solo ha incurrido en sobrecostos en detalles mínimos como la alimentación diaria de los directivos, sino que también ha hecho uso indebido de los recursos al tener que pagar indemnizaciones millonarias a exfuncionarios que despidió de forma masiva en 2023 y que le ha costado al fondo y al Estado unos 2.500 millones de pesos.
De hecho, Paloma Valencia ha sido una de las senadoras que puso la lupa sobre las finanzas del fondo que terminó en la citación de un debate de control político en el mes de abril al presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, para rendir cuentas sobre los manejos financieros.
En su momento, la congresista aseguró que hubo un desembolso de $192 millones en almuerzos para cinco miembros de la junta directiva de Colpensiones, lo que implica un costo aproximado de $2.165.785 por comida.
“Colpensiones habría realizado un contrato para almuerzos con el ‘Club de Banqueros’ para los 5 miembros de la Junta Directiva, el costo de este contrato entre 2023 y 2024 fue de $192 millones de pesos. Cada almuerzo (individual) habría registrado un costo de $2.165.785″, señaló.
Frente a las acusaciones, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, defendió la transparencia y gestión ética de la entidad, negando cualquier acusación de corrupción y reafirmando su compromiso con la integridad en el manejo de los fondos públicos. “Colpensiones mantiene un manejo ético y transparente de los recursos públicos”, indicó Dussán.
La preocupación de Paloma Valencia no solo radica en los gastos relacionados con los almuerzos en el Club de Banqueros, sino en una serie de contratos que, según ella, duplican los costos previamente asignados. La senadora también expresó su preocupación por el notable incremento en la nómina de Colpensiones que, según comentó, habría agregado un promedio de 1.000 contratos misionales, generando un sobrecosto de más de 29.000 millones de pesos solo para el año 2023.
Además, Valencia criticó la decisión de arrendar una nueva sede por un contrato de 39.000 millones de pesos, con el argumento de evitar manifestaciones cerca de la sede actual. Según la congresista, esta nueva sede se encuentra a solo dos cuadras de la anterior, por lo que cuestiona la lógica y necesidad del movimiento.
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