La Procuraduría General de la Nación inició una investigación en contra del alcalde de Calima el Darién (Valle del Cauca), Alejandro Antonio Cadavid Pinilla, de una coalición entre el Partido de la U y la Alianza Social Independiente (ASI), las presuntas irregularidades relacionadas con el desconocimiento de derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado. La indagación se centra en la posible vulneración de su derecho a participar en la elaboración, ejecución y evaluación de políticas públicas, conforme a lo estipulado en la Ley 1448 de 2011.
La denuncia, presentada por la coordinadora de la Mesa Municipal de Participación de Víctimas de Calima el Darién, destaca varios puntos críticos que motivaron la investigación. En primer lugar, se alega que el mandatario municipal, junto con su secretario de gobierno, Carlos Alberto Téllez Delgado, no cumplió con el pago de los incentivos destinados a los participantes de las reuniones de los comités ejecutivos y plenarios de la mesa desde enero de 2024.
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Estos incentivos son cruciales para garantizar la participación activa y efectiva de las víctimas en el proceso de formulación de políticas.
Adicionalmente, el Ministerio Público investiga la posible omisión en la creación del decreto que debe fijar el valor de los incentivos por reuniones presenciales y virtuales, tal como lo exige la ley anteriormente mencionada. Esta normativa, conocida también como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, establece mecanismos para asegurar que las víctimas del conflicto armado puedan participar de manera efectiva en la toma de decisiones que afectan sus vidas. La falta de un decreto que regule estos incentivos podría considerarse una violación directa de esta legislatura.
Otra área de preocupación es la supuesta falta de pago del subsidio de transporte que se debe proporcionar a las víctimas para facilitar su participación en las actividades de la mesa. La reducción del valor de los incentivos y el presupuesto destinado para estas actividades también se encuentra bajo escrutinio. Estos aspectos son principales para el funcionamiento adecuado de la mesa de víctimas y para garantizar que el derecho a la participación no se vea menoscabado por dificultades económicas.
El avance de esta investigación dependerá de la recolección y evaluación de pruebas solicitadas por la Procuraduría. Se espera que este proceso permita esclarecer los hechos denunciados y determinar si las acciones de los funcionarios implicados constituyen una falta disciplinaria. Asimismo, las autoridades analizarán si existieron causales de exclusión de responsabilidad que pudieran justificar o mitigar las presuntas irregularidades.
El senador Ariel Ávila añadió un nuevo giro al caso del alcalde de Calima el Darién
A este contexto se añade una denuncia realizada por el senador Ariel Ávila, partido Alianza Verde, que acusó a Alejandro Cadavid de presuntamente incurrir en doble militancia durante su campaña a la alcaldía. Por medio de la red social X (antes Twitter) el congresista compartió un video en el que destacaba los puntos de su acusación.
El senador mencionó que Cadavid fue visto en compañía de miembros del Partido Liberal, un hecho que se suma a las acusaciones de doble militancia. Según Ariel Avila, estas imágenes revelan que el alcalde podría estar participando activamente en dos partidos diferentes, lo cual es una violación de la ley electoral que prohíbe la militancia simultánea en diferentes organizaciones políticas.
Es por eso que, el senador expresó su preocupación por el hecho de que, a pesar de estas acusaciones, el caso de Cadavid podría no recibir la atención y el escrutinio que merece. Ávila hizo un llamado a las autoridades competentes, como la Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE), para que actúen con imparcialidad y de acuerdo con la ley, sin permitir que la influencia política de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, de quien el alcalde municipal es cercano, de acuerdo con el senador, afecte la resolución del caso.
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