Presidente de la Corte Constitucional arremetió contra la propuesta de eliminar la Procuraduría

El presidente de la Corte Constitucional, magistrado José Fernando Reyes, se reunió con la procuradora Margarita Cabello para firmar un memorando de entendimiento con el fin de lograr el efectivo cumplimiento de las órdenes impartidas en los fallos judiciales.

En dicho encuentro, Reyes afirmó que la Procuraduría General de la Nación no puede ser eliminada, destacando que ningún proyecto debería centrarse en la desaparición de dicho organismo de control disciplinario.

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“La Procuraduría tiene que seguir existiendo, porque su bandera de lucha contra la corrupción finalmente decanta en la protección de los derechos humanos. Lo único que no puede estar en la agenda, es la destrucción de una institución como esta, que tiene una enorme tarea, que es la defensa y garantía de los derechos humanos”, dijo el magistrado.

Por su parte, Margarita Cabello afirmó que la Procuraduría no hace “persecución política” al investigar o sancionar a funcionarios, subrayando que esa es la razón de su existencia. “La función de la Procuraduría es la de vigilar, controlar; y si hay lugar a ello, sancionar a los servidores públicos de un Gobierno; y cuando sanciona, se dice que es persecución política, entonces lo que están diciendo es que no quieren que los controlen ni que los vigilen (...). Lo que están diciendo en el fondo es que la Procuraduría no exista”.

La jefa del Ministerio Público reitero lo dicho durante Foro Colombia 2024, donde cuestionó la propuesta del presidente Gustavo Petro de eliminar el organismo de control. Cabello fue enfática en señalar que: “Estamos en un Estado Social de Derecho y en una democracia, y mientras estemos en eso, no se puede permitir”.

Y es que el presidente Petro había anunciado en julio de 2022, antes de asumir su cargo, que uno de sus primeros proyectos sería una reforma al poder público que implicaba la eliminación de la Procuraduría General de la Nación.

Durante su campaña electoral, Petro propuso la fusión de la Procuraduría con la Contraloría General de la República, formando una única entidad de control. Este planteamiento buscaba la reducción del gasto público y la racionalización de los recursos estatales destinados a la supervisión gubernamental.

“Propondremos una reforma a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para responder al mandato que la Constitución Política de 1991 les otorgó, respetando el sistema de pesos y contrapesos y el equilibrio de poderes, para lo cual deben eliminarse la duplicidad de funciones, las grandes, ineficientes y costosas nóminas nacionales y territoriales”, dice el plan de Gobierno presentado por Petro.

El viernes 5 de julio, la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación firmaron un memorando de entendimiento con el que se busca el efectivo cumplimiento de las órdenes impartidas en los fallos de tutela para garantizar el goce efectivo de los derechos de la ciudadanía.

Entre las actividades fijadas en el memorando suscrito por el presidente de la Corte, magistrado José Fernando Reyes Cuartas, y la procuradora General, Margarita Cabello Blanco, se encuentran:

• Compartir información que permita la identificación de las órdenes proferidas por la Corte y su estado de cumplimiento.
• Establecer mecanismos que faciliten el conocimiento oportuno de las sentencias de tutela, en especial, de aquellas en las que se solicita el acompañamiento del Ministerio Público para verificar su cumplimiento.
• Realizar acciones conjuntas para la divulgación de la jurisprudencia constitucional.
• Divulgar los resultados del seguimiento al cumplimiento de las sentencias de tutela a las entidades del Estado y la ciudadanía.
• Realizar estudios relacionados con el cumplimiento de fallos de tutela.

La duración del memorando será de dos años y podrá ser prorrogado con antelación a la fecha de vencimiento. De acuerdo con el presidente de la Corte Constitucional, “el acuerdo se firma en el marco de uno de los objetivos principales del tribunal que busca fortalecer el cumplimiento de las sentencias de tutela”.