El Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 de Buenos Aires (Argentina) admitió una querella judicial interpuesta por el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, con relación a su investigación por las ejecuciones extrajudiciales que se dieron en Colombia, conocidas como falsos positivos.
Las víctimas habían interpuesto la querella en noviembre de 2023 en contra del exmandatario, en aplicación del principio de Jurisdicción Universal, que permite investigar y juzgar a autores de crímenes perpetrados en cualquier lugar del mundo, por lo que esta decisión del tribunal argentino, abre la puerta a la ampliación de la investigación y la presentación de nuevas pruebas.
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De igual manera, la defensa de las víctimas consideró que esta decisión es un importante avance en la búsqueda de justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
“Esta es una de las tantas razones por la que víctimas y organizaciones no gubernamentales interpusieron esta querella contra el expresidente Uribe Vélez, por la permisividad, autorización e incitación en la perpetración de crímenes como las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada durante su mandato”, se lee en el comunicado.
El colectivo de abogados recordó que “los hechos denunciados se encuadran en las conductas señaladas en el Estatuto de Roma, que creó una Corte Penal Internacional para juzgar genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, que para el presente caso son los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate”.
La petición de las víctimas a la Justicia argentina
El pasado 7 de noviembre de 2023, los jueces federales de Argentina fueron notificados de una querella contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde se admitieron tres grupos de víctimas. “Las familias de las cuatro víctimas identificadas, siete víctimas sin identificar, y tres organizaciones defensoras de derechos humanos: el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo y la Corporación Jurídica Libertad”, se lee ene el documento.
Tras ocho meses de estudio de la querella, se conoció la resolución expedida por parte del Juez Federal Número Dos, Sebastián Ramos, en la que admite la condición de víctimas, durante la investigación contra el exmandatario colombiano. “Este reconocimiento brinda la posibilidad de llevar a cabo diferentes actuaciones dentro del proceso, con el propósito de aportar y practicar pruebas dirigidas al esclarecimiento de los hechos victimizantes y el establecimiento de responsabilidades penales”, señaló el colectivo de abogados Cajar.
En cuanto al grupo de víctimas que aún se encuentran sin identificar, los juristas mencionaron que, con la decisión emitida, “se abre la posibilidad de acudir a expertos(as) que contribuyan al establecimiento de su identidad y a la localización de sus familiares”.
Así avanza la investigación
Hay que recordar que el pasado 13 de noviembre de 2023, un juez federal de Argentina emitió un exhorto dirigido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en la que solicitaban información acerca del examen preliminar de Colombia e indagando sobre la existencia de alguna investigación en contra de Álvaro Uribe Vélez por las ejecuciones extrajudiciales que se dieron durante su mandato.
Posteriormente, el 19 de diciembre de 2023, el fiscal Carlos Stornelli presentó una solicitud de practicar pruebas en la investigación penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, denunciado por crímenes de guerra y lesa humanidad, “quien habría permitido, autorizado, incitado e incluso promovido que se cometieran en Colombia, entre el 8 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2008, 6.112 casos de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas de personas que falsamente se habrían presentado como abatidos en combate en acciones guerrilleras contra el Ejército colombiano”, resaltaron los defensores de las víctimas.
Finalmente, las víctimas hicieron un llamado al gobierno de Colombia para que envíen prontamente la información solicitada por los tribunales argentinos, “en tanto contribuye de manera efectiva a la investigación y a la materialización de los derechos de las víctimas”.
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