
Luego de tres horas de discusión entre el senador de la República Ariel Ávila y el excontralor Felipe Córdoba en la Corte Suprema de Justicia, no se logró ninguna conciliación entre las partes.
Córdoba denunció al congresista por una presunta calumnia e injuria. El exfuncionario y el parlamentario se volverá a encontrar el miércoles 17 de julio de 2024.
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La denuncia del excontralor se dio luego de que el senador del partido Alianza Verde expresara en sus redes sociales serias preocupaciones sobre el proceso mediante el cual Carlos Felipe Córdoba Larrarte podría ser elegido Contralor.

Ávila aseguró que en el proceso puede existir la presencia de “fuerzas oscuras”, las cuales estarían operando en contra de la institucionalidad colombiana para favorecer su nombramiento.
Asimismo, cuestionó los estudios del excontralor, que de acuerdo con Ávila obtuvo un doctorado y un título en derechos en solamente en dos años.
Según Ávila, Felipe Córdoba no asistió a clases, pero se graduó gracias a un convenio con el que contaba la Contraloría y la Universidad Politécnico Gran Colombiano.
Ávila también comentó en otra de sus publicaciones que: “El nefasto @pipecordoba quien se “graduó” de forma milagrosa en cuestión de meses de carrera y doctorado quiere que se rompa la norma y la experiencia laboral no se cuente hacia adelante sino hacia atrás. Espero el @consejodeestado no se preste para esa grosería institucional”.
Respuesta de Felipe Córdoba
Ante las declaraciones de Ariel Ávila, el excontralor Córdoba aseguró que “todas estas manifestaciones son absolutamente falsas y contrarias a la verdad, las cuales lesionan directamente el buen nombre y la reputación del denunciante”.
Córdoba en su denuncia mencionó específicamente unos videos que el senador difundió en sus redes sociales el 20 de mayo.
Todos los comentarios del senador de Alianza Verde fueron criticados por Córdoba en su denuncia, en la cual también mencionó la sesión plenaria del Senado del 21 de mayo de 2024. Con respecto a esta dijo del senador que “replicó las falsas acusaciones hechas en mi contra. Los comentarios fueron realizados a manera de constancia y no en el marco de un debate de control político”.
Y es que, días posteriores al 20 de mayo, el legislador Ávila hizo varias publicaciones en relación con el tema. “Dejo constancia en la Plenaria del Senado sobre la petición de Pipe Córdoba al Consejo de Estado para que la experiencia cuente antes de graduarse, es así como quiere llegar a ser procurador”, dijo.
Por otro lado, El documento de denuncia detalla cada una de las afirmaciones que Córdoba considera falsas, señalando, que el denunciado le atribuyó la responsabilidad de la presunta pérdida de recursos de Ocad Paz “a varias personas naturales, entre ellas a mi persona, afirmación que rechazo de manera categórica y que, igualmente, falta a la verdad”.

Con respecto a sus estudios que fueron cuestionados por Ávila, el excontralor dijo en su denuncia que: “olvida el señor Ávila que en el año 2004 obtuve mi grado como profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia, y que en virtud de ello, el Politécnico Grancolombiano me homologó varias de las materias de mi anterior pregrado para poder cumplir con el pensum de Derecho”.
Córdoba concluyó diciendo: “Resulta pertinente destacar que aún cuando el querellado se refiere a la futura elección de Procurador General de la Nación, en la cual él participaría como integrante del Senado de la República, tal situación no lo habilita para descalificarme, injuriarme y calumniarme de manera infundada, falsa e irresponsable, máxime cuando el proceso de elección no ha iniciado, no he sido ternado ni me he postulado a dicho cargo”.
Finalmente, el Consejo de Estado evaluó la ponencia con la que se buscaba considerar la convalidación de experiencia profesional para personas con otras carreras distintas a las exigidas para ocupar determinados cargos públicos. Dicha ponencia buscaba dar vía libre al excontralor Carlos Felipe Córdoba par aspirar a la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, dicha posibilidad fue descartada por el Consejo de Estado.
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