
No para la polémica por las presuntas interceptaciones ilegales a magistrados de las altas cortes de la rama judicial por parte de la Presidencia de la República.
La acusación por las supuestas grabaciones ilegales obligó a una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, al tiempo que la noticia ha despertado amores y odios contra el presidente Gustavo Petro y una de sus fichas claves en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González.
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Sin embargo, en la mañana de este martes 25 de junio, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, salió en defensa del mandatario, asegurando que las supuestas “chuzadas” no serían más que una estrategia para desprestigiar al Ejecutivo.
“Llama la atención la ligereza y rapidez con la que se difunde cualquier chisme disfrazado de investigación para lanzar sentencias contra el gobierno, el caso de las “chuzadas” que estaban socarradamente atribuyendo al Dir. del DNI y al presidente”, señaló en su cuenta de X.

De hecho, la funcionaria aprovechó las recientes investigaciones por la pérdida de medio millón de balas de la Policía que, presuntamente, terminaron en manos del Clan del Golfo en el 2019, para lanzar pullas al expresidente Iván Duque.
“En cambio, como de casos comprobados con una investigación rigurosa, como el de más de medio millón de cartuchos de la Policía que terminaron en manos del Clan del Golfo, durante el gobierno Duque rápidamente quedan olvidados en medio de un “estruendoso” silencio”, señaló.
Las palabras de Rusinque se suman a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que en días pasados se refirió sobre las recientes denuncias de posibles interceptaciones realizadas por organismos de inteligencia en el alto tribunal, rechazando enérgicamente cualquier responsabilidad de su Gobierno en estas supuestas prácticas.
El mandatario afirmó que desde su primer día en el poder, la inteligencia estatal ha sido utilizada exclusivamente para perseguir a criminales y no se ha empleado contra líderes de la oposición, periodistas o magistrados de las altas cortes.

“Desde el primer día de gobierno, la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen”. Además, Añadió que durante una inspección a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) se encontró que “no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada”.
La controversia surge luego de que varios exmagistrados, juristas y representantes de colectivos judiciales expresaran su preocupación ante la posibilidad de que estas acciones pudieran poner en riesgo la democracia, la institucionalidad y la independencia de poderes en el país.
Uno de los más críticos en la polémica ha sido el senador de Cambio Radical David Luna, quien pidió a la Fiscalía General que avance con prontitud en las investigaciones. Luna insistió en que el Gobierno nacional debe proporcionar una explicación detallada sobre el funcionamiento de la inteligencia estatal. “A mí sí me gustaría saber si el gobierno de Gustavo Petro nos está chuzando”, afirmó.
El senador recordó que en días previos había citado a un debate de control político al director del Departamento Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, cuestionándole sobre estas prácticas presuntas dentro de la entidad.

“Le pregunté al doctor González que, bajo la gravedad de juramento, le contara al Congreso, a las instituciones y al país, si era cierto o no que estaban chuzando, perfilando y haciéndole seguimiento a periodistas, militares en retiro y miembros de la oposición. Él contestó NO, pero SI; es decir, que él no lo había hecho, pero que no le constaba si alguno de sus antecesores, uno de ellos también nombrado por Gustavo Petro, lo había hecho. Esto es gravísimo”, manifestó Luna.
La crisis alcanzó nuevas dimensiones con la carta enviada por Jorge Enrique Ibáñez, magistrado de la Corte Constitucional, a la fiscal general Luz Adriana Camargo. En dicha carta, Ibáñez alertaba sobre supuestas interceptaciones ilegales y seguimientos continuos a sus líneas telefónicas y a las de su familia.
“Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado”, se lee en la misiva entregada al presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes.
Ibáñez también aseguró que las comunicaciones de sus magistrados auxiliares fueron intervenidas. “Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos. Con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial”, advirtió.
Ante la gravedad de las acusaciones, la fiscal general Luz Adriana Camargo reiteró su compromiso de investigar a fondo esta polémica. En una reciente reunión con los magistrados de la Corte Constitucional, ordenó a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema que inicien las investigaciones correspondientes.
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