Una vez más los escándalos por posibles irregularidades en contratación vuelven a poner en la cuerda floja al Sena, siendo esta una entidad a la que la Procuraduría le ha hecho seguimiento en cuanto a contrataciones que tienen que ver con los servicios de plataformas tecnológicas.
En este caso, el Sena está bajo la lupa del Ministerio Público, pues habría suscrito un convenio que derivó en múltiples subcontratos con la empresa Internexa, vulnerando presuntamente principios y normas del Estatuto General de la Contratación Pública.
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De acuerdo con la Procuraduría, el convenio firmado el 28 de diciembre de 2023 tiene como objeto “Aunar esfuerzos y recursos técnicos, jurídicos, físicos, administrativos y financieros con el fin de suscribir convenios y/o contratos derivados que permitan formular, estructurar, ejecutar, diseñar, implementar y articular estrategias que garanticen la continuidad de los Servicios TIC, infraestructura tecnológica y acceso a internet de todas las sedes del SENA”.
En este sentido, para el procurador delegado, Marcio Melgosa, la entidad suscribió un convenio en el que no hubo una participación ni pluralidad de oferentes y del que se derivó otra contratación directa con Internexa S.A. por $65.381.813.000, en el que la parte contratada no es la única encargada en el mercado de prestar los servicios requeridos, y en el que no existiría integralidad ni interoperabilidad como consecuencia de la misma contratación derivada.
Además, la empresa que hace parte de este escándalo no fue identificada como posible proveedor de los servicios contratados, ya que, presuntamente, no tendría la experiencia requerida para los propósitos necesarios. Llama la atención para el delegado de la vigilancia de la función pública que la entidad haya recurrido a la contratación directa con Internexa y por medio de la misma, realizar subcontratos en la totalidad de los servicios requeridos, saltándose un proceso de selección.
Ante las presuntas violaciones al régimen de la contratación pública, el ente de control requirió a las directivas del SENA para que remitan explicaciones sobre la contratación realizada hasta el momento, así como los montos, costos y procedimientos.
Procuraduría abrió investigación a la Agencia Nacional de Tierras
Un nuevo choque se presenta entre la Procuraduría y el Gobierno nacional. Mientras el presidente Gustavo Petro se quejó por el informe del ente disciplinario sobre los procesos de adquisición de tierras para la reforma agraria, los hallazgos llevaron a la apertura de tres investigaciones sobre las presuntas irregularidades.
La Procuraduría General de la Nación abrió tres investigaciones disciplinarias a funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por presuntas irregularidades en los procesos de adquisición de tierras, que podrían representar un riesgo para el erario público estimado en 136.000 millones de pesos, según un informe preventivo del órgano de control.
El informe identificó aparentes inconsistencias en 288 procesos de compra de predios. Entre ellas se encontró estudios técnicos y análisis administrativos insuficientemente desarrollados fueron señalados como factores clave de riesgo financiero.
Los tres funcionarios contra los que se abrieron las investigaciones son: Dos procesos disciplinarios contra Tony Luis Lozano Berrocal y Nury Luz Peralta Cardozo, ambos directores técnicos de la ANT. Adicionalmente, un proceso paralelo involucra a Felipe Alberto Maldonado, también director técnico, en colaboración con Lozano Berrocal.
En el informe también se exponen posibles irregularidades en la documentación técnica y administrativa requerida en los procesos de adquisición. Se han identificado estudios de titulación incompletos y omisiones relevantes relacionadas con la presencia de cuerpos de agua, humedales y terrenos inundables en los predios analizados.
El órgano de control, en el marco de estas investigaciones, ha solicitado a la ANT copias detalladas de todos los procesos de adquisición de predios. Estos deben incluir análisis de suelos, estudios técnicos y de mercado, avalúos y toda la documentación técnica y administrativa pertinente. De esta forma, se busca esclarecer si las decisiones tomadas cumplieron con los estándares requeridos y si hubo negligencia o faltas disciplinarias en los procedimientos llevados a cabo por los funcionarios implicados.
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