En la Comisión Primera del Senado de la República se retomará este martes 4 de junio el tercer debate de la ley estatutaria que pretende establecer a la educación como un derecho fundamental en el territorio nacional.
“Ese proyecto de ley estatutaria es importante porque, por ejemplo, en el nivel de formación inicial ahora nos autoriza a que los niños y las niñas desde los primeros meses de vida hasta los cinco años puedan ingresar a las escuelas. Eso reduce desigualdades socioeconómicas en el sistema público. También hace obligatoria la media en entornos rurales donde los grados décimo y once no son obligatorios de manera expresa. Nos abre la posibilidad para que el Estado se haga cargo de concluir la infraestructura de esas escuelas, dotarlas con los materiales necesarios y nombrar a los docentes que acompañen estos procesos de formación”, manifestó la ministra de Educación, Aurora Vergara.
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A pesar de que el proyecto del Gobierno nacional cuenta con la aprobación entre congresistas, tanto de oposición como de bancada, en las últimas semas se han ha generado serias dudas con la iniciativa, especialmente en el financiamiento, la autonomía universitaria, entre otros.
“Básicamente no hay una propuesta de calidad. Una ley estatutaria es un marco filosófico, un cuerpo de normativas que da el marco de actuación de cuál es el proyecto educativo del país”, precisó Claudia Restrepo, rectora de la universidad Eafit a El Tiempo.
Además, agregó que “estamos frente a una gran oportunidad y es tener una ley estatutaria que dé marco para la educación del futuro, que permita pensar la calidad desde una perspectiva que cumpla con dos elementos fundamentales, uno, con el desarrollo de competencias básicas, como matemáticas o lenguaje. Y dos, que permita, por ejemplo, que reconozcamos que la educación sirve a la solución de los problemas y a los desafíos de la sociedad”.
Rolando Roncancio, rector de la Universidad de la Sabana, también le manifestó al medio de comunicación que la iniciativa del Gobierno “excluye las demás vías de formación que se han creado en el país desde hace décadas, como son la educación para el trabajo (técnica y tecnológica), las cualificaciones, entre otras”.
“También hay temas profundos en cuanto a la apropiación tecnológica que no se están discutiendo. A la luz del punto de inflexión que estamos viviendo, gracias a la aparición de la inteligencia artificial accesible para usuarios comunes, surge el interrogante de si vale la pena seguir enfocando la alfabetización digital como se ha venido haciendo hasta ahora. Esperamos que el Gobierno esté al tanto de estas disrupciones, que impactan directamente la calidad de la educación y el desarrollo futuro del país”, agregó Roncancio en sus declaraciones a El Tiempo.
Según el análisis del Laboratorio de la Javeriana, se necesitarían al menos 41 billones de pesos para un solo año, a precios de 2024, para alcanzar la cobertura total desde la educación inicial hasta la superior, como propone la ley.
“En detalle, se estima que en educación inicial se necesitaría 9,13 billones de pesos adicionales al año. En educación básica, se necesitaría 3,3 billones adicionales al año. En educación media, 4,04 billones adicionales al año. En educación superior, se necesitaría 24,4 billones adicionales al año”, se lee en el documento. Lo anterior marca un panorama complejo, porque no hay claridad sobre de dónde saldrá el presupuesto adicional necesario para ejecutar lo propuesto.
Hay que mencionar que, según el LEE, las cifras anteriormente indicadas no incluyen otros costos importantes, como mejoras en la calidad educativa: nueva infraestructura y mejores dotaciones en las aulas, ni en las condiciones laborales de los docentes; así como tampoco comprende costos asociados a enfoques diferenciales en la educación, todos los anteriores son componentes que sí tiene la ley.