La Nación obtuvo una victoria en el Consejo de Estado en el caso del muelle 13 de Buenaventura, consolidando la terminación del contrato de administración con Ventura Group, operador del muelle en la ciudad desde hace 33 años.
El tribunal supremo revisó y ratificó la resolución del Tribunal de Cundinamarca, que rechazó la acción de cumplimiento presentada por el Grupo Portuario. Este grupo buscaba extender la concesión del muelle 13 para operar el servicio público en Buenaventura por un periodo adicional de 20 años.
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Cabe recordar que en su decisión de abril de 2024, el Tribunal de Cundinamarca determinó que la acción de cumplimiento no procedía, ya que buscaba “el acatamiento de disposiciones contractuales” y la ejecución de un acto administrativo que ya no tenía vigencia, debido a que la entidad que lo emitió había declarado su pérdida de fuerza ejecutoria. En segunda instancia, el Consejo de Estado respaldó estos mismos argumentos.
La decisión del Consejo de Estado ha sido recibida con entusiasmo, ya que es significativa al reafirmar la autoridad legal y el respeto a los términos contractuales. Además, abre oportunidades para la modernización y mejora de la competitividad del puerto, lo cual afecta positivamente la economía local y nacional. También fortalece el control institucional y la legalidad en las concesiones públicas, asegurando que el interés público prevalezca sobre los intereses privados.
Esta determinación pone fin a un largo período de operación por parte del Ventura Group, al tiempo que abre las puertas para nuevas oportunidades y mejoras en la gestión portuaria de una de las regiones más vitales para la economía del país.
El caso
La controversia se inició el 23 de diciembre de 2023, cuando la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) extendió la concesión del muelle 13 por 20 años, tras casi dos años de negociaciones infructuosas. Sin embargo, el 28 de diciembre del mismo año, el Gobierno revocó esta decisión, citando una posible afectación ambiental como motivo.
En la acción de cumplimiento presentada por la sociedad Grupo Portuario, se menciona que firmaron con la ANI la concesión “número 002 de 2005″, destinada a la construcción y operación de un muelle de servicio público para el manejo de carga general en el puerto de Buenaventura, Valle del Cauca.
El 21 de enero de 2022, la sociedad pidió una modificación del contrato de concesión para extender su plazo e incluir nuevas áreas para su desarrollo. Esta solicitud fue aprobada por la ANI mediante la Resolución 18615 de 2023, la cual establecía en su artículo 11 que “los otrosíes correspondientes debían formalizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ejecutoria de la decisión”.
El plazo para formalizar los otrosíes expiró sin que la ANI los completara. En cambio, la ANI emitió la Resolución 20243000000135, declarando la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución 20233030018615 del 23 de diciembre de 2023, lo que invalidó la prórroga de la concesión.
Ante esto, la sociedad portuaria presentó una acción de cumplimiento para que la ANI acatara el artículo 11 de la Resolución 18615 de 2023. En el proceso, iniciado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tanto la ANI como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) solicitaron que se rechazara esta petición.
En varias ocasiones, el ministro de Transporte, William Camargo, afirmó que existen “posibles afectaciones ambientales negativas significativas en el territorio de Buenaventura”, lo que impide la prórroga del contrato de operación del muelle 13.
Cabe destacar que, en abril, la Procuraduría ordenó una investigación disciplinaria contra el ministro Camargo por presuntas irregularidades en la decisión de la ANI de revocar la concesión portuaria que había sido adjudicada al Grupo Portuario S.A. días antes.
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