La Procuraduría General de la Nación dio a conocer en la tarde del martes 7 de mayo de 2024 que el superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, fue suspendido e inhabilitado por 12 años.
Los hechos están basados en los presuntos cambios irregulares que se habrían registrado en las listas de elegibles para cargos administrativos y agentes interventores de cajas de compensación.
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Al parecer, el ahora exfuncionario designó personas que no habían participado de la convocatoria inicial, lo que representa una violación a los protocolos. Además, las autoridades lograron constatar que él pidió a las cajas vigiladas un aporte monetario para Buenaventura, procedimiento que tampoco está avalado por la ley colombiana.
Frente a ello, el mismo Pérez confirmó la noticia a través de sus redes sociales y aprovechó la ocasión para citar a una rueda de prensa el próximo miércoles 8 de mayo a las 10:00 a. m. en la sede de la CUT Nacional.
“La Procuraduría General de la Nación me ha sancionado con 12 años de destitución e inhabilidad general, en investigación que se originó por orden de la Dra. Margarita Cabello, al haber pedido apoyo voluntario y solidario a la iniciativa de paz de monseñor Rubén Darío en B/ventura y por haber abierto una lista cerrada que me dejó el gobierno anterior para nombrar directores o agentes de intervención de cajas intervenidas. Convoco a todos los medios para que me acompañen mañana en rueda de prensa en la sede de la CUT Nacional a las 10 am, me acompañará las centrales obreras y mis abogados”, señaló Pérez.
Procuraduría ya había impuesto una suspensión provisional de tres meses
Cabe añadir que el 28 de noviembre de 2023, la Procuraduría había confirmado la suspensión provisional de tres meses contra Pérez por los presuntos cambios en las listas de elegibles. En aquella ocasión, la Sala Disciplinaria del órgano de control enfatizó en que el exfuncionario había quebrantado en su deber funcional con su participación e injerencia en la convocatoria.
De igual forma, las autoridades recalcaron en que haber incurrido en dicho listado permitió a Pérez designar a Juan Carlos Carvajal Rodríguez como director administrativo de Comfamiliar Huila, caja de compensación familiar en ese departamento.
Así las cosas, el exfuncionario habría desconocido los principios de igualdad, legalidad, moralidad, entre otros. Esto, teniendo en cuenta que disminuyó los requisitos exigidos en la convocatoria original para que nuevas personas pudieran ingresar al listado definitivo.
Con respecto al caso de las cajas de compensación para ayudar a la población de Buenaventura, los organismos encargados enfatizaron que, independiente del fin con el que se haya procedido, Pérez no podía solicitar dichos recursos cuando no estaba permitido por la ley.
Procuraduría ya había abierto otra investigación por no haber acatado la suspesión
Además, la Procuraduría había abierto otra investigación contra Pérez porque, presuntamente, él siguió ejerciendo su cargo a pesar de la suspensión que ya lo cobijaba desde el 7 de noviembre. Y es que, según explicaron las autoridades, Pérez Casas siguió asistiendo a la Superintendencia y utilizando los canales de comunicación oficiales de manera personal, lo que planteó interrogantes sobre su independencia.
Incluso, tras conocerse dicho dictamen, el exfuncionario, que además es una de las personas más cercanas al presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que llevaría su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto porque, según él, las autoridades desplegaron un procedimiento investigativo que involucró medidas intrusivas en su privacidad.
Así las cosas, el jefe de Estado pierde a una de sus fichas claves en el Gobierno nacional en un momento en el que los escándalos por corrupción y la compleja situación de inseguridad se posicionan como las principales problemáticas en el país.
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