
Justo cuando algunos gremios y centros de análisis económico estaban finalizando sus cálculos sobre el impacto de ajustar el límite de contribución a las pensiones de 3 a 2,3 salarios mínimos mensuales, modificación pactada recientemente por el Gobierno y el Partido Liberal para asegurar su respaldo a la reforma pensional, el presidente Gustavo Petro sugirió volver a su propuesta inicial de fijar el límite en 4 salarios mínimos.
Esta idea se reintroduce en un momento crítico, durante las deliberaciones del proyecto de reforma en la Cámara de Representantes, escenario en el cual el Gobierno disfruta de un mayor respaldo político.
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Los expertos destacan que el impacto de esta medida sobre las finanzas públicas, bajo un umbral de 4 salarios mínimos, será considerablemente mayor. Estimaciones iniciales sugieren que aproximadamente el 95% del ahorro previsional sería destinado al régimen de prima media (Colpensiones).
Esto no es menor, considerando que, hasta febrero de 2024, había 18,5 millones afiliados a los fondos privados de pensiones dentro del rango salarial de hasta 4 salarios mínimos que se trasladarían a Colpensiones bajo la nueva propuesta. Esto dejando a estas entidades con sólo unos 611.200 cotizantes, lo que podría significar el golpe definitivo para ellas.
Pero este no es el único aspecto negativo. La medida propuesta también implica que las personas con ingresos más altos recibirían subsidios más grandes en sus pensiones, perpetuando la desigualdad del sistema actual, además de incrementar los costos del pasivo pensional y elevar el riesgo de que el sistema se vuelva insostenible.

Mauricio Olivera, vicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad de los Andes y expresidente de Colpensiones, indicó que esto aumentaría la presión fiscal, causando un crecimiento en el gasto del Presupuesto General de la Nación y, posiblemente, la necesidad de aumentar impuestos o sacrificar otros gastos para respetar la regla fiscal.
Olivera está convencido de que, a futuro, se experimentará un aumento en la presión fiscal a menos que se implemente una nueva reforma orientada a alcanzar un balance, siendo la única opción viable en ese contexto la búsqueda de mayores ahorros o la reducción del gasto.
”Si es esto último, habrá que subir la edad de jubilación; si esto no se puede por presiones políticas, hay que elevar el ahorro a través de una mayor tasa de cotización, más semanas o que la tasa de reemplazo de las 1.300 semanas no sea el 65 por ciento del promedio salarial de los últimos 10 años, sino 50 por ciento, o que el promedio sea sobre la base del ingreso de toda la vida laboral”, dijo a el diario El Tiempo.

La idea de asignar al Banco de la República la gestión del fondo de ahorro del sistema contributivo recibió un amplio apoyo en el Senado. Sin embargo, existen dudas respecto a su viabilidad conforme a lo dictado por la Constitución, la cual define su independencia y establece sus funciones específicas. Se anticipa que este tema generará un debate sustancial durante el trámite de la reforma en la Cámara de Representantes.
Los puntos de vista varían entre quienes consideran que la propuesta no presenta problemas significativos y aquellos que opinan que sería inapropiado asignar al banco central funciones que exceden su ámbito de competencia directa.
“La manera más eficaz y directa de asegurar la sostenibilidad fiscal del sistema de pensiones es reduciendo el límite de contribución o permitiendo que este pueda disminuir en el futuro”. Así lo indica el último informe realizado por Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif)
Este también destaca que, a pesar de que el límite establecido de 2,3 salarios mínimos mensuales suponga un ahorro del 14,6% en el pasivo pensional comparado con el umbral propuesto de 3 salarios, el régimen de transición adoptado incrementa notablemente el pasivo del sistema. “Esto implica que el beneficio de tener un límite más bajo se ve neutralizado por una fase de transición más benevolente”, afirma el instituto de estudios económicos.
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