Cuáles son los beneficios tributarios por comprar productos hechos en cárceles: director de la Dian y ministro de Justicia responden

En Colombia, el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes, junto con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunciaron una serie de incentivos con los que se busca promover la compra de productos elaborados por personas privadas de la libertad.

Los colombianos que adquieran estos artículos podrán beneficiarse de la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual asciende al 19% en el resto de los bienes y servicios. Esta medida busca fomentar la contratación de individuos en proceso de resocialización, al ofrecer una ventaja económica tanto para las empresas como para los consumidores finales.

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La iniciativa se inscribe dentro de programas de resocialización que permiten a los internos de las cárceles colombianas trabajar y recibir un salario durante su condena. La fabricación de manualidades, artesanías y diversos productos que posteriormente son puestos a la venta constituye una de estas actividades laborales.

De acuerdo con lo mencionado por el jefe de la cartera de Justicia, este esquema no solo beneficia a las empresas interesadas en este tipo de manufactura, sino que además representa una oportunidad económica para los compradores al reducir el costo final de los productos adquiridos.

Dicha política se expuso a través de un video en una plataforma de redes sociales, donde el director de la Dian, Luis Carlos Reyes respondió a preguntas de los usuarios sobre los beneficios tributarios de comprar productos fabricados en prisiones.

Aunque el vídeo generó interés en las redes, el énfasis de los funcionarios estuvo en explicar cómo esta medida facilita la reintegración de las personas privadas de su libertad al entorno laboral y social, además de contribuir a la economía de los consumidores al excluir el IVA de los costos. Los esfuerzos de la Dian y el Ministerio de Justicia subrayan la importancia de crear oportunidades laborales que permitan a los internos un proceso de rehabilitación efectivo, a la vez que ofrecen alternativas económicas ventajosas para la población en general.

Desde el 29 de diciembre de 2023, los productos elaborados dentro de las cárceles colombianas se beneficiarán de la exención del IVA gracias a la implementación del decreto 2277. Este decreto fue el resultado de la colaboración entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Comercio, que, con esta medida, buscaron fomentar las habilidades productivas entre los reclusos y ofrecer un incentivo para la comercialización de sus productos.

La normativa específica es que aquellos artículos que sean elaborados, preparados, confeccionados y producidos internamente en los establecimientos de reclusión no estarán sujetos al pago del citado impuesto. Este beneficio fiscal persigue no solo mejorar las condiciones económicas de los reclusos involucrados en estas actividades, sino también impulsar una integración social efectiva al ofrecer productos competitivos en el mercado sin el sobrecargo que representa el IVA.

Para que los comercializadores puedan aplicar esta exención de manera correcta, se les requiere incluir en la factura electrónica de venta una leyenda específica que certifique la procedencia y elaboración de los bienes dentro de los establecimientos penitenciarios.

Esta leyenda debe indicar que el producto fue “Bien elaborado, preparado, confeccionado y producido al interior del establecimiento de reclusión y certificado por la Subdirección de Desarrollo de Habilidades Productivas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) o demás autoridades penitenciarias dentro del marco sus competencias”. Esta certificación busca garantizar la autenticidad y calidad de los productos, proporcionando así confianza tanto a los comerciantes como a los consumidores finales.

Esta medida no solo se espera que tenga un impacto positivo en la reinserción social de los internos, a través de la valoración de su trabajo y habilidades, sino también que fomente una economía inclusiva y solidaria. Al ofrecer esta exención, el gobierno busca eliminar barreras comerciales y promover un comercio justo para los productos fabricados en contextos penitenciarios, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más equitativa.