Se complejiza para el presidente Gustavo Petro el curso investigativo que persigue esclarecer la financiación de su campaña presidencial de 2022.
Julio César Ortiz, que hasta la fecha se desempeñó como defensor del mandatario ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), renunció a su cargo.
Según información emitida por Semana, el jurista tomó la decisión en un lapso crucial para el presidente, pues ocurrió justo cuando el CNE dio inicio, a través de una ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, a procedimientos para formular cargos tanto contra Petro como contra Ricardo Roa, antiguo gerente de Ecopetrol y de la mencionada campaña, a razón de las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del ahora dignatario.
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En el mismo contexto, también se conoció que Roa, optó por el silencio durante su reciente comparecencia ante el Consejo.
La nueva defensa del presidente ante el CNE
Ortiz, reconocido por su larga trayectoria de trabajo con el jefe de Estado, incluyendo una victoria significativa contra la Procuraduría cuando Gustavo Petro fue suspendido como alcalde de Bogotá, también había sido recientemente removido por el gobierno de la junta de la Cámara de Comercio de Bogotá sin que se hayan esclarecido los motivos.
En su reemplazo, Héctor Carvajal, conocido por lograr encuentros significativos entre el actual mandatario y el expresidente Álvaro Uribe, asumiría el papel de nuevo defensor del presidente.
Los cargos sobre la financiación de la campaña presidencial
La pesquisa, dirigida por los magistrados Ortiz y Prada, se centra en la posible violación de los topes de financiación y en el manejo de los recursos financieros de la campaña. Elementos bajo investigación incluyen aportes no reportados como los 500 millones de Fecode o del sindicato petrolero de la USO, el pago a testigos electorales, y algunos vuelos cuyas facturas y detalles no habrían sido suficientemente clarificados a la Dian y a la Aeronáutica Civil.
Concretamente, se examina el uso de la aeronave de matrícula HK-5328, perteneciente a Sadi S.A.S., que habría sido utilizada para transportar al entonces candidato presidencial y a varios aspirantes al Congreso por el Pacto Histórico.
Así mismo, las revelaciones provienen también de información suministrada por Nicolás Petro, hijo del presidente, a la Fiscalía, las cuales sugieren un uso extensivo de recursos para eventos de campaña y publicidad, en beneficio de la lista del Pacto Histórico tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, específicamente en el Atlántico.
Las pruebas que tiene el CNE
Asimismo, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes sigue una línea de investigación paralela, con citaciones recientes a Agmeth Escaf y Pedro Flórez, ambos del Pacto Histórico, además de Samuel Santander Lopesierra y el empresario Gabriel Hilsaca, para profundizar en los hechos relacionados con la financiación de la campaña.
“Nosotros siempre hacíamos campaña a nombre de Gustavo Petro”, reveló Nicolás Petro a la Fiscalía, destacando la implicación directa de los recursos en la promoción de la campaña presidencial y sus candidatos aliados, lo que ahora forma parte del escrutinio de las autoridades electorales y legislativas.
Dada la composición de la Sala Plena del CNE, conformada por diez magistrados, de los cuales nueve tienen derecho a voto, se está a la espera de decisiones significativas sobre la potencial responsabilidad de Petro y Roa en las irregularidades investigadas. Cabe mencionar que el décimo escaño, perteneciente al partido Comunes, participa en las deliberaciones sin poder de decisión.
La renuncia de Ortiz y la asignación de Carvajal como nuevo abogado de Petro, así como las implicaciones de las investigaciones en curso, representan un momento crítico tanto para la administración actual como para el escenario político de Colombia. Incluso, al considerar que la defensa de Nicolás Petro también renunció a principios de año.
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