La intervención administrativa forzosa de Sanitas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud generó malestar en Keralty, la empresa que controlaba más del 80% de la EPS, que ya instauró una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por dicha medida. Pues, según argumentó el abogado de la compañía Luis David Riveros hay incongruencias en las razones por las cuales Sanitas fue intervenida.
Una de los presuntos errores que evidenció el apoderado de Keralty tiene que ver con las peticiones, quejas y reclamos de los afilaidos. “¿Que hay fallas y hay quejas? Sí, pero ese es otro argumento que viene en la resolución que a mí me parece que no está mostrando la realidad de esas quejas. Porque con corte al año pasado (2023) prestamos 73 millones de servicios médicos y obtuvimos 185.000 quejas. Lo dije esta mañana y se lo vuelvo a decir: no nos sentimos orgullosos de tener 185.000 quejas. Trabajamos incansablemente para disminuir ese número, pero si uno mira en el universo de los 73 millones de procedimientos al año, se da cuenta de que esas 185.000 son el 0.2 por ciento”, indicó el abogado a El Tiempo.
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Sin embargo, de acuerdo con el superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, las peticiones, quejas y reclamos (PQR) no se calculan de la manera en la que el abogado expone. Explicó que, en realidad, se calculan por tasa, es decir, según el número de afiliados que hay en la EPS. En ese sentido, no se tienen en cuenta todas para el cálculo final. Para 2023, en efecto, Sanitas registró 185.634 PQR y tuvo un promedio de usuarios afiliados de 5.778.413.

Para determinar la tasa se utiliza una regla de tres, con la que se estima el número total de PQR por cada 10.000 afiliados. El resultado que arroja la operación es el siguiente: 321,25, lo que sería la tasa de peticiones, quejas y reclamos que recibió la entidad promotora de salud el año pasado por cada 10.000 usuarios.
Por otro lado, para poder identificar la media de PQR de todas las EPS, se suman todos los valores totales de las tasas de las entidades y ese resultado se divide entre el número de EPS. Es así como se puede identificar si estas entidades están por encima o por debajo de la media.

“Sanitas, efectivamente está por encima de la media nacional. En cualquier caso, independiente del número, de si está por encima o por debajo de la media nacional, lo que debe quedar claro para todas las personas es que la Superintendencia está presta y atenta a solucionar cada uno de los problemas de las PQR que se presentan en materia de salud”, precisó el funcionario.
Sin embargo, Krealty se mantiene en la posición de que la decisión de la Superintendencia Nacional de Salud no solo fue inadecuada, sino también ilegal. “La motivación que utiliza es falsa y se aleja por completo de las cifras y la realidad que demuestran la situación de la EPS. Ese es el motivo por el cual hemos decidido acudir a la Fiscalía como primera acción legal, en el marco de una estrategia jurídica integral que tiene por finalidad acudir a todos los medios que el ordenamiento jurídico interno e internacional nos permiten para recuperarla”, precisó el 15 de abril el abogado Riveros en una rueda de prensa.

Ante varios medios de comunicación, Luis Carlos Leal se sostuvo en que la Superintendencia ejecutó la intervención de Sanitas y de otras dos EPS conforme a lo que exige la ley y en aras de proteger los derechos de los usuarios del sistema de salud. “Hay que decir que la Superintendencia actuó de acuerdo con las normas vigentes y con la ley. La medida que se ha impartido de intervención forzosa para administrar a Sanitas y la Nueva EPS y S.O.S. cuentan con toda la documentación y sustento jurídico”, aseveró el funcionario.
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