En un despliegue operativo de amplio alcance, la Policía Nacional de Colombia, en colaboración estratégica con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), autoridades panameñas y la Fiscalía General de la Nación, ejecutó la operación Black Jack, que culminó con la captura de cuatro criminales solicitados en extradición por la justicia de los Estados Unidos.
Las detenciones se llevaron a cabo en Cali (Valle del Cauca) y Acandí (Chocó), hasta donde llegaron a las autoridades con órdenes judiciales por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de narcóticos en el Distrito Este de Texas, Estados Unidos.
El entramado criminal, con ramificaciones internacionales, estaba especializado en la producción y comercialización de cocaína en gran escala, con centros de recolección estratégicamente ubicados en López de Micay, El Naya y Puerto Merizalde, zonas donde contaban con instalaciones clandestinas para el procesamiento de la droga, bajo la custodia de facciones disidentes de las Farc, específicamente la Columna Móvil Jaime Martínez, del Estado Mayor Central, a quienes los narcos pagaban impuestos para que custodiaran los laboratorios de producción.
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Además, durante las indagaciones fue posible identificar lazos delictivos con la pandilla vallecaucana de los Shottas, que está en mesa de diálogos con el Gobierno nacional y el grupo de los Espartanos para la denominada “paz total” en Buenaventura.
De acuerdo con las autoridades, los Shottas eran los responsables de la seguridad y el transporte del narcótico en los cascos urbanos, donde usaban vehículos de carga pesada para el traslado de la droga; los camiones equipados con compartimientos secretos diseñados para esquivar la vigilancia policial, hasta su destino en puertos vallecaucanos y chocoanos.
“Se pudo conocer que esta estructura también contaba con nexos criminales con el Grupo de Delincuencia Organizada conocido como los Shottas, quienes de igual forma custodiaban el alcaloide en la zona urbana, el cual era transportado en vehículos de carga pesada acondicionados con sofisticadas caletas con el fin de desviar la atención de las autoridades, para llevarlo al puerto de Buenaventura (Valle del Cauca) y Bahía Solano (Chocó)”, indicó la Policía.
Una vez en los puertos, la cocaína era embarcada en lanchas rápidas y semisumergibles, ambos tipos de embarcaciones dotadas con tecnología de navegación satelital, lo que facilitaba el transporte marítimo hacia Panamá y, finalmente, hacia Estados Unidos.
La operación criminal de los narcotraficantes se destacaba por la sofisticación y la capacidad logística basada en las asociaciones criminales que se habían consolidado, las cuales, mediante una estructura organizativa detallada y roles bien definidos dentro de la misma, y permitía la exportación de, aproximadamente, 15 toneladas de cocaína al año, lo que representaba ingresos cercanos a los 950 millones de dólares.
Durante el proceso de investigación, liderado por la Dijín y apoyado por la cooperación internacional estadounidense y panameña, se rastrearon más de once operaciones delictivas en aguas internacionales y en el Pacífico colombiano, lo cual ayudó a evidenciar la magnitud y el impacto criminal del grupo criminal.
En relación con el caso, el coronel Edwin Masleider Urrego Pedraza, director de la Dijín, señaló la complejidad y la envergadura de las operaciones de red de narcos desmantelada y resaltó la importancia de las capturas en el desmantelamiento de una estructura de narcotráfico de alto nivel.
“Esta estructura estaba liderada por un hombre conocido con el alias de Tanitash se encargaba del envío de la sustancia estupefaciente, que salía de diferentes municipios nariñenses con destino hacia Panamá, Costa rica, Honduras y Estados Unidos”, indicó.
El director de la Dijín también reveló que previo a la detención de los colombianos, ya había sido desarrollada una megaoperación en Panamá, que conllevó a la la captura de 39 implicados en la estructura internacional de producción y exportación de cocaína.
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