La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) logró una importante victoria legal en una demanda millonaria contra la empresa Petroleum Exploration International, conocida como Pexín, por burlarse de las autoridades aduaneras colombianas.
Este proceso, que llevaba varios años, resultó en una compensación para Colombia de alrededor de $350.000 millones.
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La disputa legal, llevada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se centró en la importación de maquinaria de trabajo por parte de Pexín en 2009. Aunque la Dian autorizó la importación temporal de la maquinaria, la empresa no cumplió con las condiciones acordadas y utilizó los equipos más allá del plazo permitido.
Después de años de litigio, el tribunal falló a favor de la Dian, encontrando que Pexín había ocultado la maquinaria importada y había evadido el decomiso adecuado, utilizando los equipos en proyectos de perforación en Colombia.
Como resultado, se ordenó a Pexín que compensara a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con $91.000 millones por daños emergentes y más de $255.000 millones por lucro cesante, representando el dinero que el Estado dejó de recibir debido a las acciones de la empresa para ocultar la maquinaria.
Este no es el primer escándalo en el que la empresa y sus fundadores han estado involucrados. Gabriel Morales Fallón, uno de los fundadores de Petroleum Exploration, fue objeto de investigaciones por lavado de activos en varios países y también fue relacionado con el narcotráfico en el pasado.
Además, recientemente se ha revelado que Morales Fallón tiene intereses comerciales en la industria de la hoja de coca y el cannabis medicinal, a través de su participación en la empresa Power Leaves.
A pesar de la disolución de la sociedad de Petroleum Exploration en Colombia en 2022, las investigaciones periodísticas sugieren que sus vínculos comerciales continúan, lo que plantea preocupaciones sobre sus actividades futuras en el país y en la región.
Colombia protege a Caño Cristales al ganar millonaria demanda ambiental
En otro hecho destacado de protección al medio ambiente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca respaldó al Estado colombiano al negar la demanda presentada por la empresa petrolera estadounidense Hupecol, revocando así la licencia ambiental que le permitiría llevar a cabo actividades de extracción de hidrocarburos en el área del Bloque Serranía.
Esta área se encuentra en cercanías de Caño Cristales, uno de los destinos turísticos más emblemáticos y ecosistemas más frágiles de Colombia.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) había revocado la licencia a Hupecol debido al reconocimiento de la importancia ecosistémica del área, considerada de especial valor ambiental. La sentencia del Tribunal Administrativo, emitida el 1° de febrero de 2024 y no impugnada por la parte demandante, confirma la decisión de la Anla y protege así este valioso patrimonio natural.
Jhon Camargo, director general (e) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, destacó que esta sentencia refuerza las políticas gubernamentales de protección ambiental y muestra que los intereses económicos no deben primar sobre los derechos ambientales y la conservación de la biodiversidad en nuestro país.
“Esta sentencia ratifica que las políticas del Gobierno en materia de protección ambiental y de desescalamiento gradual del modelo extractivista son el camino para enfrentar el cambio climático. Además, evidencia que los intereses económicos no están por encima de los derechos ambientales y de la vida”, dijo Camargo
Por su parte, Rodrigo Negrete Montes, director general de la Anla, resaltó que esta decisión sienta un precedente importante en la protección del medio ambiente y evita el pago de una indemnización de más de 100 mil millones de pesos que se reclamaban como perjuicios. La defensa legal fue llevada a cabo de manera conjunta entre la Anla, Cormacarena y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
“La decisión constituye un precedente favorable para el Estado en materia de protección y conservación del medio ambiente, en particular en este caso del Área de Manejo Especial La Macarena, así como la ratificación del fin preventivo de las licencias ambientales como mecanismo para la garantía del desarrollo sostenible. Además, se evita el pago de una condena de más de 100 mil millones de pesos que se reclamaban como perjuicios”, manifestó Nergrete.
Esta victoria en el ámbito judicial ratifica el compromiso del Estado colombiano con la protección de sus recursos naturales y la conservación de áreas de especial importancia ambiental como Caño Cristales y sus alrededores.
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