En medio del acercamiento entre el Gobierno colombiano y el régimen venezolano, el presidente Nicolás Maduro y su gabinete negocian la indemnización a dos empresas colombianas que fueron expropiadas en 2006 y 2010.
La negociación se da en el desarrollo de acciones para estrechar las relaciones comerciales entre los dos países, deterioradas desde el mandato del difunto Hugo Chávez, quien fue el responsable de que la empresa cementera Argos y la azucarera Ciamsa perdieran sus activos en el vecino país.
Según declaró el ministro de Comercio de Colombia Germán Umaña en diálogo con el portal económico Bloomberg, los acercamientos tienen lugar por impulso del presidente Gustavo Petro en Colombia, que tomó medidas decisivas para restablecer los lazos y reabrir los pasos fronterizos entre ambos países.
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Desde su experiencia como presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, Umaña ha jugado un papel importante en facilitar estas negociaciones, destacando la disposición de Venezuela para encontrar resoluciones pacíficas y evitar confrontaciones legales.
Por un lado Argos, aspira a recuperar una planta cementera que fue nacionalizada por el Estado venezolano en 2006 y se ubica en una zona estratégica cercana a la costa del vecino país, un punto estratégico para facilitar las exportaciones a Estados Unidos y otros países.
De acuerdo con el medio especializado, la cementera colombiana le solicitó una licencia a Estados Unidos para recibir la planta como un pago del Gobierno de Nicolás Maduro como indemnización sin violar las sanciones económicas interpuestas al régimen venezolano.
Argos es una de las empresas más importantes en el ámbito de la construcción estadounidense, pues es la cuarta compañía con mayor producción de insumos tras la unión comercial con Summit Materials, por lo que la posible indemnización por parte del régimen venezolano es un respaldo a su crecimiento en el mercado norteamericano.
En un contexto similar, se encuentra la Comercializadora Internacional de Azúcares y Mieles (Ciamsa), una exportadora de azúcar con sede en Cali, que también está dialogando con el gobierno venezolano para alcanzar un acuerdo de compensación por una expropiación realizada en 2010, cuando un predio azucarero de su propiedad, situado en el estado de Táchira, fue tomado por las autoridades venezolanas.
“Una filial expropiada de la exportadora de azúcar de Cali, Comercializadora Internacional de Azúcares y Mieles, Ciamsa, también está en negociaciones sobre una indemnización”, aseveró el ministro en diálogo con el medio citado.
Las políticas de expropiación masiva llevadas a cabo durante el Gobierno de Hugo Chávez, que abarcaron desde el sector agroindustrial hasta el financiero, tenían como fin último incrementar la participación estatal en la economía, siguiendo los principios del socialismo. Sin embargo, muchos de los activos nacionalizados, incluidas empresas como Cementos Argos y Ciamsa, han terminado cerradas, inactivas o funcionando muy por debajo de su capacidad óptima.
De acuerdo con Bloomberg, la negociación de indemnización a las empresas colombianas se da en medio de una situación económica crítica por la que atraviesa Venezuela, con numerosas empresas estatales al borde de la insolvencia y un marcado interés en revitalizar el tejido productivo del país, el régimen de Nicolás Maduro ha iniciado un proceso de apertura al sector privado.
Esa estrategia incluye la devolución de algunas empresas a manos privadas y la búsqueda de alianzas estratégicas para la gestión de otras, en un notable giro respecto a las políticas estatistas del pasado.
A pesar de la importancia de estos diálogos, el Ministerio de Información de Venezuela no ha emitido hasta el momento declaraciones oficiales para esclarecer los avances o detalles específicos de estas negociaciones. La evolución de estos encuentros podría marcar un precedente en la forma en que Venezuela gestiona su relación con empresas extranjeras y aborda los legados de políticas previas.
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