Keralty pidió a la Procuraduría abrir una investigación disciplinaria por la intervención del Gobierno a la EPS Sanitas

El representante legal del grupo Keralty, Juan Pablo Currea Tavera, pidió a la Procuraduría General de la Nación abrir una investigación por presuntas irregularidades en la aplicación de la medida administrativa de intervención que se realiza a la EPS Sanitas.

A través de una carta enviada a la jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello Blanco, la empresa dueña de Sanitas requirió a la entidad de control displinario un espacio para dar a conocer las “anomalías” que habrían encontrado en la intervención por parte de la Superintendecia de Salud.

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“Me permito solicitar respetuosamente nos conceda un espacio con su equipo de trabajo de manera prioritaria para poner en conocimiento de ustedes las diferentes anomalías que observamos tanto en el acto administrativo en mención (que refiere a la medida de intervención) (...) así como en la actuación del ente de control”, se lee en el documento.

El representante legal de Keralty aseguró que se presentó una “falsa motivación” al afirmar que los problemas financieros de la EPS han incidido directamente en la garantía del derechos fundamental a la salud de los afiliados.

Por lo anterior, calificó la actuación de la Superintendencia de Salud como “desproporcionada, discriminatoria y arbitraria”, a su vez que afirmó que esta “sugiere una expropiación”.

Para Currea Tavera, la petición de adelantar las investigaciones disciplinarias a que haya lugar “evitaría la afectación del derecho a la salud de los 5.9 millones de afiliados a la EPS Sanitas”.

Según la resolución en la que se ordenó la intervención forzosa a la EPS Sanitas, hubo varias razones que motivaron la medida administrativa. Entre ellas, el incumplimiento del indicador de Régimen de Inversiones de la Reserva Técnica, desde el cierre de la vigencia 2020 hasta 2023.

Además, indicó que la siniestralidad de Sanitas, que se refiere al dinero que la EPS gasta en relación con lo que recibe para garantizar los servicios de salud de sus afiliados, aumentó un 11% entre 2019 y 2023, pasando del 92,9% al 103,9%.

Otro punto importante que habría motivado la intervención fue la inconformidad de los pacientes con el servicio de salud. Señaló la resolución que, con corte a enero de 2024, Sanitas presentó una tasa de reclamaciones en salud del 26,07 acumulada a enero de 2024, y se presentaron 15.070 reclamaciones que corresponden a ese mismo mes. “Una alarmante escalada en la calidad de reclamaciones”, mencionó la Superintendencia de Salud.

Sin embargo, en el sector político no dejó pasar desapercibida una inconsistencia en el documento, sobre la cual, varios congresistas indicaron podría ser un error o una irregularidad por la que, incluso, la resolución podría ser invalidada.

Y es que, en el apartado de conclusiones de la Supersalud aparece un indicadores de otra entidad diferente a la intervenida: “En el marco de la auditoría realizada para verificación de la Resolución 497 de 2023, Nueva EPS cumplió con el 57.6% de los estándares de habilitación y permanencia y registró 17 hallazgos”.

Ante este “error”, la senadora María Fernanda Cabal cuestionó: “¿Cómo explica este gobierno el uso de indicadores de Nueva EPS para sustentar la motivación de intervención sobre SANITAS? ¿Esta será otra ligereza de tantas, para justificar su afán de destrucción del sistema?”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Por su parte, el representante a la Cámara Andrés Forero expresó: “¡Qué chambonada! ¿Para intervenir a Sanitas la @Supersalud utilizó indicadores de Nueva EPS? ¿O es un error de tipeo? En cualquier caso queda en evidencia la precipitud con que actuaron para vengarse del inminente archivo de la reforma a la salud”.